Las incógnitas del 'caso Polop'

El asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, urdido en el reservado de un prostíbulo por motivos urbanísticos, presenta incógnitas que frustran una visión nítida de la trama. Por el crimen hay siete arrestados, entre ellos el ex alcalde Juan Cano, sucesor de Ponsoda en la alcaldía. Pero a la reunión del lupanar donde se fraguó el complot asistieron dos personas (un hombre y una mujer rubia) todavía no identificadas por la policía y, por tanto, en libertad. Y casi tres meses después de la detención, ni la policía ni la juez conocen la versión de Cano sobre los hechos que se le imputan.

La principal prueba acusatoria de la investigación policial recae en la declaración de un testigo protegido que ubicó a cuatro de los detenidos en una reunión que se celebró en el reservado del club Mesalina a finales de agosto de 2007. Según el testigo, allí estaban Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, uno de los dueños y el gerente del prostíbulo, respectivamente. También, Salvador Ros, el empresario del calzado que residía en Polop, Juan Cano y otro hombre al que acompañaba una mujer rubia española. El declarante no conocía a la mujer ni a su acompañante. Los tres últimos entraron a la reunión en el reservado del Mesalina por la puerta de atrás, un acceso privado que evitaba tener que cruzar por el local, pero el hombre y la mujer rubia sin identificar no han sido detenidos y ni siquiera interrogados por la Guardia Civil.

"O revienta o se lo comerá todo él [Cano] solo", dicen fuentes del caso

Los miembros del complot libres entraron al club por la puerta de atrás

El testigo protegido declaró el 15 de julio de 2009, aunque el 3 de diciembre realizó otra declaración ampliatoria. En ambas ocasiones dijo que las dos personas no identificadas estuvieron presentes cuando se le ofreció la posibilidad de encargarse del asesinato de Alejandro Ponsoda, ocurrido el 19 de octubre de 2007. Unos días después, en el mismo reservado y sin la presencia de las dos personas no identificadas, Cano le impuso sus condiciones. El testigo protegido no aceptó y posteriormente dio los nombres de Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, los tres encarcelados acusados de la autoría material del asesinato de Ponsoda. Según su relato, luego supo que la cantidad finalmente pagada fue de 50.000 euros.

Pero antes de aparecer el testigo protegido, casi dos años después del homicidio de Ponsoda, la investigación se había atascado y el caso estuvo a punto de archivarse provisionalmente, en parte por las condiciones para actuar que la fiscal encargada del caso imponía a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El cambio de fiscal tras el nombramiento de Lourdes Giménez-Pericás el 20 de marzo de 2009 como Fiscal Jefe del área de Benidorm-Dénia, desbloqueó las pesquisas. Apenas seis meses después se desencadenó la detención de los siete encarcelados.

A la nebulosa que envuelve el asesinato ha contribuido sobremanera el mutismo del primer acusado, el ex alcalde Cano. Fuentes del caso han destacado que la actitud de Cano le puede estallar en las manos: "O revienta o se lo comerá todo él solo", aseguran metafóricamente esas fuentes. El ex regidor se negó a declarar ante los agentes el pasado 23 de noviembre cuando fue arrestado. Tres días después, se mantuvo en sus trece cuando compareció ante la juez. Tras casi tres meses en la prisión de Villena, ha cambiado de opinión y el martes dará su versión a la juez.

Las diligencias del caso son ahora dobles. Por un lado prosiguen en el Juzgado número 2 de La Vila las afectas al asesinato, y por otro han comenzado las propias para esclarecer la trama inmobiliaria que manejaba Cano, en calidad de responsable del área de urbanismo de Polop.