Ruido de cajas en Galicia

Para entender el conflicto que se ha abierto en Galicia a cuenta de las cajas de ahorros se puede empezar por una visita a YouTube. En uno de los vídeos, un malvado Señor de las Caixas instalado en los montes de San Caetano (en la sede de la Xunta) forja un montón de anillos de poder que reparte entre sindicatos, empresarios y directivos para controlar "las oficinas libres del sur". Él, cómo no, se queda con el anillo "para gobernarlos a todos". Además de hacer gracia, la historia refleja hasta qué punto los gallegos se han enrocado en la defensa de sus entidades de ahorro animados por políticos que alimentan una especie de duelo Celta-Deportivo.

Tanto se han encendido los ánimos que hasta el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha convocado una manifestación ciudadana, el próximo 9 de febrero, contra la fusión que promueve la Xunta. "No hay otra ciudad en España que esté sufriendo una agresión semejante", proclamó en varias ocasiones. Ayer los nacionalistas del BNG también apelaron a la movilización social, aunque en sentido inverso: contra la pretensión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley gallega de cajas, una acción que frustraría la fusión a corto plazo. La ministra de Economía, Elena Salgado, sospecha que los visos de inconstitucionalidad "van más allá de las cuestiones que provocaron en su día el recurso contra la ley madrileña".

El PP pactó con el BNG una ley de cajas que el Gobierno amenaza con recurrir

Las dos entidades representan a los dos polos de poder en Galicia

Desde mayo de 2009, tras la llegada del PP al Gobierno autónomo, que desbancó a la coalición entre PSOE y BNG, el debate en la comunidad ha estado acaparado en buena medida por el futuro de Caixa Galicia, partidaria de una unión, y Caixanova, que se niega en redondo. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, impulsó en los últimos nueve meses el proyecto de integración esquivando las consignas de la dirección nacional del PP, partidaria de unir cajas de distintas comunidades. Fue Rajoy quien dijo en verano que una fusión en Galicia "obligaría a cerrar un porrón de oficinas". Basta que haya intervenido el Gobierno de Zapatero para que el líder del PP cambiase de opinión ayer en Badajoz: "Si se quiere fusionar las cajas de Galicia, estoy de acuerdo. El Gobierno no tiene que poner pegas si sale una entidad solvente".

Entre una declaración y la otra, Feijóo esperó, pidió informes que le dijeron que la fusión era viable e intentó acercar posturas entre los gestores. Al no conseguirlo, con el apoyo de los nacionalistas de izquierda y la oposición a última hora del PSOE, sacó adelante en tiempo récord una ley que ha provocado un tsunami en las asambleas de las cajas. En febrero está previsto, si un recurso no lo impide, que el 75% de los consejeros cesen. Por primera vez, entrarán con el 20% de la representación personas elegidas por el Parlamento autónomo, dominado por el PP. El texto rebaja la presencia de entidades locales, fundadoras (entre ellas el Ayuntamiento de Vigo) e impositores, y prohíbe que los cargos públicos en activo gobiernen las cajas. La Xunta confía en que el nuevo equilibrio de poder elimine la resistencia de Caixanova.

Las dos entidades financieras representan a las dos principales ciudades y los dos polos de poder en la comunidad. Caixa Galicia tiene sede en A Coruña, 883 oficinas, casi 5.000 empleados y un activo de 46.170 millones de euros (a cierre de 2008). Roza, pero no llega, el tamaño que el Banco de España considera necesario para subsistir tras los procesos que se preparan al calor del fondo de reestructuración bancaria (FROB). Al sur, en Vigo (la ciudad más poblada e industrial) está Caixanova. Mucho más modesta en activos, 26.031 millones, tiene 577 oficinas y 3.464 empleados.

Ninguna de las dos puede seguir sola. La crisis las ha dejado tocadas, sobre todo por las deudas del ladrillo. Ahora pasan el trago como tantas entidades españolas, vendiendo activos, sacrificando beneficios e inyectándolos en recursos propios. De forma muy discreta, el año pasado ya cerraron un centenar de oficinas. Para que la fusión sea viable, habría que clausurar otras 280 oficinas y recortar 1.296 empleos, todo ello según un informe que la Xunta encargó a la consultora KPMG y que calcula que necesitarían 1.190 millones del FROB.

En verano estalló la noticia de que Caja Madrid pretendía hacerse con el control de Caixa Galicia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, lo que desató una cascada de especulaciones sobre qué era mejor para el sistema financiero gallego: si una entidad fusionada, dos por libre o que cualquiera de ellas se integrase en un grupo mayor. En el tablero nacional, las comunidades controladas por el PSOE iniciaban procesos de concentración en Cataluña y Andalucía. "Feijóo lo entendió desde el primer momento como un tema de país para Galicia, un tema jodido políticamente, pero de país", dice un dirigente del PP.

Enemigos históricos de las fusiones, los sindicatos optaron por apoyar su proyecto antes que dejar a Caixa Galicia caer en manos de Rodrigo Rato. Pero surgió el gran escollo. En Vigo, Caixanova enhebró una férrea oposición al plan en la que los empresarios, muchos de ellos vinculados a la caja, se involucraron de cabeza. También lo hizo el PSOE local, que vio una oportunidad para ganar votos con el mensaje de "vienen a quitarnos la caja". Una lluvia fina de rumores sobre la situación de Caixa Galicia caló en Vigo. Se extendió el temor de que, en la práctica, Caixanova sería absorbida, con el consiguiente traslado de poder hacia el norte, pese a que la Xunta garantiza una fusión "paritaria y equilibrada".

Fuera de los focos, sin decir una palabra en público, se libra otra batalla personal entre dos veteranos contrincantes, dos de las personas más influyentes en Galicia desde hace décadas: José Luis Méndez, 28 años al frente de Caixa Galicia, y Julio Fernández Gayoso, 44 en Caixanova.