El Banco de España propone inhabilitar cinco años a Moltó

El instructor del Banco de España ha propuesto una sanción de 150.000 euros y cinco años de inhabilitación para el ex presidente de Caja Castilla la Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general Ildefonso Ortega por su gestión al frente de la entidad intervenida en marzo de 2009. Los miembros del consejo de administración de la caja que fueron destituidos de sus cargos tras la intervención han recibido sanciones administrativas que van desde 5.000 a 100.000 euros. En total, las multas suman 1.085.000 euros. El ex vicepresidente, Federico Rodríguez Morata, propone una sanción de 90.000 euros; al representante de los trabajadores, Carlos Jiménez, de 80.000 euros, y a Tomás Martín Peñato, que fue presidente de CCM, de 100.000.

La propuesta del instructor del organismo supervisor fue comunicada ayer a todos los implicados. Ahora se abre un periodo de alegaciones que serán presentadas junto con la propuesta de sanción a la Comisión Ejecutiva del Banco de España, que es la que debe evaluarlo. Una vez realizado ese trámite, el Banco de España tiene que decidir la sanción definitiva para elevarla al Ministerio de Economía, que es el organismo que la debe aprobar.

El instructor del caso no ha visto motivos de sanción penal. Asimismo, el baremo para medir la implicación de los consejeros ha sido básicamente por el periodo que estuvieron en el consejo, por lo que han sido tratados igualmente sin distinción de su procedencia política.

El informe de la Inspección del Banco de España, que se había entregado a finales de abril de 2009, había puesto al descubierto "graves errores y carencias" en la gestión desde 2007, como operaciones concedidas a personas vinculadas al grupo para otros proyectos, un excesivo riesgo en el sector inmobiliario, ausencia de cuadro de mando y nefasta política de seguimiento de las inversiones. Ello obligó a unos ajustes por valor de 1.102 millones de euros en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2008.

CCM fue intervenida el domingo 29 de marzo de 2009 después de que el Banco de España intentase que Unicaja se quedase con la entidad. Los inspectores habían estimado unas fuertes provisiones de la cartera de renta variable y de la crediticia que hacían insostenible el futuro de la caja. La caja manchega ha acabado en manos de Cajastur a través del Banco Liberta, que tendrá su sede en Castilla La Mancha.