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Editorial:

Electopopulismo

Incluso revisable, la cadena perpetua implica condena de por vida, contraria a la Constitución

A medida que se acercan las elecciones (catalanas en otoño, locales y autonómicas en la primavera de 2011) cunde esa variante del electoralismo que es el populismo: la adaptación oportunista a lo que se presume que es capaz de arrastrar al votante menos informado o con más prejuicios. En los debates del momento (sobre todo, inmigración y localización de la planta de residuos nucleares), los partidos están haciendo alarde de esos vicios políticos. Dirigentes que habían apoyado la necesidad del almacén centralizado de residuos expedientan, por temor a la impopularidad de la iniciativa, a los alcaldes que les hicieron caso; y tres meses después de que se reformase la Ley de Extranjería, el PP plantea reformarla de nuevo para conectar con los que quieren suprimir el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles.

Lo último ha sido pedir que se reabra el debate sobre la cadena perpetua para ciertos delitos. "Si la calle quiere debate [sobre la cadena perpetua], el mejor favor que podemos hacer los políticos es aceptarlo sin complejos", dijo el domingo pasado un Javier Arenas estimulado por las encuestas que auguran un posible triunfo suyo en Andalucía. El motivo no es que se haya constatado una laguna en la legislación o un brusco incremento de los delitos para los que se sugiere la reforma, sino que ese día se cumplía un año del asesinato en Sevilla de la adolescente Marta del Castillo.

Su cadáver, tras las falsas pistas del principal acusado, aún no ha sido hallado, lo que ha mantenido en el nivel máximo la indignación de la gente, expresada a veces de manera primaria con apelaciones a la pena de muerte o a la cadena perpetua. "Sin complejos" dice Arenas que hay que sumarse a ese sentimiento, con independencia de que sea necesaria, posible o conveniente la iniciativa sugerida.

Lo importante es conectar con la indignación popular, aunque se dirija contra la propia obra. La presidenta de Madrid acaba de proponer que se reforme la Ley Penal del Menor, un excelente trabajo del primer Gobierno de Aznar. Sin precisar en qué sentido debe ir la reforma, aunque puede que le sirva para encubrir la posible responsabilidad de su Gobierno en la falta de vigilancia de Rafael Fernández, El Rafita, el menor condenado en su día por violación y asesinato de Sandra Palo, y que ha sido detenido estos días por robo de vehículo cuando estaba en libertad vigilada.

Al margen de que la cadena perpetua sea o no constitucional -incluso revisable, implica en principio una condena de por vida que la Constitución prohíbe-, lo más preocupante de la actitud del PP es que azuza, en vez de calmar, sentimientos dolorosos que cree que pueden reportarle alguna ventaja electoral. Y lo hace sabiendo que España tiene desde 1995, año en que desapareció la redención de penas por el trabajo, un sistema de cumplimiento íntegro de penas hasta de 40 años para determinados delitos. ¿Cómo se explica, si no, que la proporción de reclusos condenados se haya disparado como nunca, 60.000 frente a 16.000 reclusos preventivos en la actualidad?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de enero de 2010