El fiscal general de Blair niega presiones para apoyar la guerra de Irak

Lord Goldsmith, fiscal general de Reino Unido durante la guerra de Irak, admitió ayer que cambió de opinión sobre la legalidad de la invasión, pero negó categóricamente que ese cambio se debiera a presiones políticas. Peter Goldsmith, que dejó el Gobierno en junio de 2007, coincidiendo con el relevo de Tony Blair por Gordon Brown al frente del Ejecutivo británico, compareció ayer durante seis horas ante la comisión que investiga la participación de Reino Unido en la guerra de Irak.

"Eso es un absoluto disparate", dijo, cuando le preguntaron si su cambio de posición se debió a las presiones que habría ejercido sobre él lord Falconer, entonces lord Chancelor -un cargo en parte semejante al de ministro de Justicia- e íntimo amigo de Blair.

Consumado abogado, Goldsmith pareció haber preparado su comparecencia con sumo cuidado, para lo cual contó con la ventaja de haber estado asesorado por los mejores especialistas del país con cargo a los contribuyentes.

Explicaciones de Rice

Pero Goldsmith apenas dio explicaciones de por qué no hizo caso a la opinión de los abogados del Foreign Office, que incluso ahora sostienen que la invasión fue ilegal porque no contaba con la autorización expresa de una segunda resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que completara las amenazas de intervención de la famosa y polémica resolución 1.441. Simplemente, no compartía su opinión.

Aunque negó las presiones, explicó que su cambio de opinión se produjo tras recibir explicaciones en febrero de 2003, seis semanas antes de la invasión, del entonces jefe del Foreign Office, Jack Straw, el embajador británico en Naciones Unidas, sir Jeremy Greenstock, y la consejera de Seguridad Nacional de EE UU, Condoleezza Rice, sobre el trasfondo de la resolución 1.441.

Fue entonces cuando llegó a la conclusión de que aquella resolución, una vez que había quedado claro que Sadam Husein la había incumplido, activaba de hecho las viejas resoluciones del Consejo de Seguridad que autorizaron la primera guerra del Golfo en 1991.

Goldsmith admitió que sus primeras conclusiones sobre la legalidad de la guerra eran demasiado vagas y que el Ejército necesitaba una respuesta "inequívoca, un sí o un no", sobre la legalidad de la invasión. La investigación alcanzará su punto álgido mañana con la comparecencia de Tony Blair.