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Pedreira avala las escuchas de Garzón a abogados y presos del 'caso Gürtel'

El magistrado señala que los letrados no pueden disfrutar de privilegios frente al delito

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un exhaustivo auto en el que desmonta la principal estrategia de las defensas de los 65 imputados para tratar de enterrar la investigación judicial de la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro. Todos los abogados han pedido anular las grabaciones que acordó el juez Garzón (primer instructor del caso Gürtel) entre los principales implicados en la trama que están en la cárcel y sus abogados, así como todo aquello que hubiese en la causa "contaminado" por esas grabaciones. En la práctica, ello habría supuesto dejar medio desnuda una instrucción que se acerca a los 60.000 folios.

El auto hecho público ayer por Pedreira, de 59 folios, justifica las intervenciones telefónicas decretadas por Garzón, pide "cordura" y da un rapapolvo a los abogados que atacaron al que fuera el primer instructor del caso Gürtel por haber ordenado intervenciones telefónicas dentro de la cárcel entre los principales implicados en la trama corrupta y algunos de sus abogados. Asegura Pedreira que sobre algunos de estos letrados existían "indicios" de connivencia con sus clientes para esquivar del alcance de la justicia española "millones de euros" ocultados en el extranjero por esta trama corrupta vinculada al PP y que dirigía Francisco Correa. Una de las conversaciones que se pretenden anular es entre el número dos de Correa, Pablo Crespo, ex dirigente del PP de Galicia, y su abogado, en la que hablan de sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia española bloquease su salida.

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Pedreira ha empezado desestimando dos de los recursos -el de José Luis Izquierdo, contable de la red de sociedades corruptas, y el de Javier Nombela, ex vocal del PP de una junta de distrito de Madrid-, si bien los efectos del auto dictado ayer prácticamente serán extensibles a todos los demás, opinan fuentes jurídicas.

"Debe respetarse el derecho de defensa y el secreto profesional [de los abogados], pero siempre y cuando no se pretenda con ello infringir otro precepto constitucional", señala Pedreira. Se refiere a que ese derecho "no es ilimitado" ni da una patente de corso a los abogados para colaborar en la comisión de un delito.

Las defensas pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LGP), que permite a los directores de cárceles grabar conversaciones entre abogados y reclusos por orden judicial o en casos de terrorismo. Pedreira discrepa de los abogados. Y fundamenta su decisión de desestimar sendos recursos en jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional e incluso en una directiva de la CE que permite a la justicia interceptar conversaciones de notarios e incluso de abogados que utilicen sus conocimientos para delitos graves, entre ellos el de evasión de capitales (uno de los que se imputan a los cabecillas de la red Gürtel).

En consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, Pedreira esgrime también el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez pinchar teléfonos y que, según Pedreira, no "restringe la intervención de las comunicaciones a los abogados con carácter general". Pero, además, el magistrado discrepa de la interpretación que hacen las defensas sobre el artículo 51.2 de la LGP. Entiende que, bajo supervisión judicial, sí es posible pinchar un teléfono entre abogado cooperador y clientes aunque no sea un asunto de "terrorismo".

Pedreira razona: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 28 de enero de 2010