Acusan a cuatro ayuntamientos de impedir el arraigo de los inmigrantes
El despacho de abogados del Col·lectiu Ronda de Barcelona acusó ayer a cuatro ayuntamientos de dificultar a los inmigrantes la obtención del permiso de residencia por arraigo social. El reglamento de la Ley de Extranjería permite que se obtenga si el inmigrante presenta un contrato de trabajo, no tiene antecedentes y dispone del informe de inserción social que expiden los ayuntamientos.
Para lograrlo, el inmigrante ha de demostrar que hace tres años que reside en España, que tiene un contrato de trabajo, que habla castellano o catalán y que ha colaborado con alguna entidad o asociación de la localidad. Pero los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Vilafranca del Penedès i Santa Margarida i Els Monjos infringen la ley, según el abogado Sergi Santacana, porque exigen otros papeles adicionales. Por ejemplo, estar empadronado un tiempo mínimo o bien haber participado seis meses en el tejido asociativo de la población, como en el caso de Santa Margarida.
Los responsables municipales desmintieron esas acusaciones, informa Maiol Roger. Así, el Ayuntamiento de Sant Boi considera que los requisitos "son laxos" y que "por recomendación de la Diputación de Barcelona, reclama seis meses de empadronamiento". La concejal de Políticas de Igualdad de Cornellà, Emilia Briones, también afirmó: "No hacemos nada irregular. Sólo aplicamos la ley".
