Guerra a las chabolas playeras

El Ayuntamiento de Ferrol le ha declarado la guerra a las casetas ilegales a pie de playa que salpican la costa de Doniños, San Xurxo, Esmelle y Covas. Calculan que hay cerca de 200. Construcciones irregulares de pequeñas dimensiones a base de plástico, madera y uralitas que se levantaron de espaldas a la legalidad y que un grupo de vecinos infractores utiliza sin complejos como exclusivo lugar de veraneo con vistas al mar.

El gobierno ferrolano está decidido a erradicar estas infraviviendas ilegales que colonizan el litoral, incumplen todas las normativas urbanísticas y que alteran tanto el paisaje como el hábitat, causando daños irreversibles en zonas protegidas.

El deseo del ejecutivo local sería "derribar la inmensa mayoría de estas chabolas" y despejar la costa. Sin embargo, en este empeño, el equipo que lidera el socialista Vicente Irisarri se ha topado con un problema de competencias que limita su capacidad de acción. Al tratarse de suelo rústico, corresponde a la Xunta de Galicia tomar cartas en el asunto. Otras casetas se levantan casi en la arena, en la franja litoral de la demarcación de Costas, y su derribo depende del Ministerio de Medio Ambiente.

Casi 200 casetas ilegales salpican la costa, entre Doniños y Covas

Las chabolas llegaron a pagar contribución municipal

El Ayuntamiento reconoce que este cruce de competencias entre administraciones complica el proceso y dilata los trámites. Los infractores se aprovechan de la burocracia para escurrir el bulto y disfrutar durante décadas de su casita ilegal de veraneo. Para atajar este fenómeno y agilizar la tramitación de las denuncias, el municipio se ha puesto manos a la obra. Desde el lunes, cuatro agentes de la policía ferrolana en dos patrullas se reparten las parroquias y rastrean la costa mañana y tarde para localizar y documentar todas estas construcciones.

Si la vivienda está consolidada por el paso del tiempo, los agentes sólo pueden tomar nota, identificar al propietario y abrir un expediente sancionador que el municipio remitirá posteriormente a la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística, donde previsiblemente se quedará atascado unos años. Si la chabola todavía está en trámites de construcción, el Ayuntamiento puede levantar acta y precintar el terreno.

"Se trata de anticiparnos y evitar el problema en origen", asegura el edil de Urbanismo, Ángel Mato. Define la campaña como "disuasoria y preventiva" para que ningún vecino "se apropie del patrimonio ambiental por encima del marco legal".

En los últimos cinco días, los agentes han abierto una decena de expedientes y llaman la atención sobre la proliferación de infraviviendas en núcleos rurales del interior. Estiman que hay cerca de 200 chabolas esparcidas por el litoral ferrolano. Medio centenar se concentran en el monte de man común de San Xurxo, unas 250 hectáreas de terreno en una zona muy jugosa de la costa a medio camino entre las playas de Doniños y Esmelle. Otras 90 casetas salpican la costa de Covas, repartidas entre las playas de Ponzos y Santa Comba y la bajada a los arenales de A Fragata y el Vilar. El resto se "esconden" en zonas rurales menos vistosas y entre caminos alejados de la playa.

El presidente de la comunidad de propietarios de los montes, Manuel Varela, aplaude las patrullas policiales pero teme que la medida llega "muy tarde". Cuenta que las primeras chabolas de San Xurxo se remontan a principios de los 70 y asegura que en los últimos 40 años ha visto todo tipo de chapuzas y agresiones al entorno. Lo que empezó como pequeñas casetas provisionales para guardar aperos de labranza y pesca, derivó en cabañas de verano y casetas de fin de semana. "Cogen un trocito de monte, unas tablas de encofrados y cuatro uralitas y ya está", explica Varela, "por 4.000 euros ya tienen casa en la playa". Otros, optan por casas prefabricadas que colocan en terrenos rústicos que compran a los vecinos, o colocan su autocaravana en medio de una finca cualquiera, a menudo en zonas protegidas, y trampean los enganches de luz y agua.

El presidente de los montes mancomunados critica que durante décadas las autoridades toleraron estas construcciones ilegales "que llegaron a pagar la contribución municipal". Incluso asegura que en Tralouteiro hay dos cabañas que "se están reformando" para mayor comodidad de sus usuarios que compran y venden propiedades ilegales "por tres o cuatro millones de pesetas". Su deseo es que se derriben cuanto antes todas estas construcciones. "No tenemos nada en contra de esa gente pero exigimos que se reponga la legalidad", insiste.