Pieza desencajada

Cuando hace unos meses se inició en Galicia el debate sobre la reestructuración de nuestro sistema financiero, hubo una cuestión sobre la que todos los representantes políticos, sociales, e incluso financieros, se mostraron de acuerdo: pasase lo que pasase, el mantener la "galleguidad" de las cajas, entendida como la permanencia de los centros y la capacidad de decisión en Galicia, resultaba fundamental. Se introdujeron matices: los nacionalistas antepusieron la galleguidad a cualquier otra circunstancia ("si es gallega seguro que es solvente", se llegó a decir). Socialistas y populares, más escépticos sobre la existencia de una relación directa y constante entre galleguidad y solvencia, consideraron que esta última era, también, condición indispensable para la orientación de la acción política. Pero sobre la "galeguidade", todos de acuerdo. Muy probablemente fue esta unanimidad, en un país y un momento político en el que las unanimidades resultan extrañas, la que provocó que apenas se enumerasen las razones que justifican esta prioridad. Hay, también, razones emocionales: estas entidades, que alguien definió como entidades privadas en las que no hay propiedad, en verdad son, parafraseando a Antón Losada, del "pueblo", pues su existencia se debe al ahorro de muchas generaciones de gallegos, emigración incluida. Pero más allá de las emociones, es la razón la que mejor explica el amplio acuerdo inicial sobre la galleguidad.

"Algún día explicarán por qué obstaculizan la fusión paritaria cuya solvencia ya se contrastó dos veces"

En 2004, el profesor Victorio Valle estimaba, para España, que el dividendo social de las cajas equivalía, en términos de renta, a 517 euros por cada familia; unas siete veces más de lo que representa el gasto en obra social. Y ello es así, siguiendo el esquema expuesto por Valle en Papeles de Economía Española, por varios motivos. En primer lugar, por la Obra Social, ya que los beneficios de las cajas, una vez pagados impuestos y dotadas las reservas obligatorias y voluntarias, se destinan a acciones sociales en el entorno territorial en el que operan, contribuyendo a un reparto más equitativo del capital social en España. En segundo lugar, fomentan la competencia, en beneficio de los consumidores, porque allí donde hay Cajas, y dada su proximidad al cliente (uno de los principales motivos de elección de entidad financiera), sus competidores necesitan ofertar productos competitivos en calidad para ganar cuota de mercado. En tercer lugar, contribuyen a mejorar la eficiencia productiva pues, entre otros efectos, la presencia de las cajas propicia el incremento del ahorro; y facilita la coordinación entre su inversión y la inversión pública autonómica. En cuarto lugar, impiden la exclusión financiera: y si no basta con el dato de que en la actualidad y en Galicia los residentes en 82 concellos sólo pueden acceder en su término municipal a la oficina de una de las dos cajas gallegas, recuérdese que han sido las Cajas las principales gestoras del programa de microcréditos del ICO dirigido a los inmigrantes, o que apoyan al Tercer Sector Social mucho más que la banca. Y, en quinto y último lugar, las Cajas contribuyen muy relevantemente al desarrollo regional, a través de una financiación productiva dirigida prioritariamente a las pequeñas empresas locales. Un reciente estudio (2009) del Centre for European Policy Studies sobre la diversidad institucional en el sector bancario europeo, concluyó, para España, que un incremento del uno por ciento en la ratio activos totales de las cajas/activos totales del sector bancario a escala regional conlleva un incremento porcentual de la propia tasa de crecimiento del PIB regional del 7,1%. Es decir, la presencia de cajas en el territorio incide de forma notoria en el crecimiento del PIB regional.

Es fácil encajar, en las actuales circunstancias, muchas de las opiniones que se están escuchando sobre las cajas: las de sectores vinculados a la banca comercial, dada la cuota de mercado que las Cajas les han arrebatado desde los años ochenta; las de políticos residentes en Comunidades con una única caja, que sólo puede crecer a base de absorciones extracomunitarias; incluso la de alcaldes en riesgo de perder el bastón de mando dentro de un año, o la de los empleados y directivos que (lógicamente) anteponen su propio interés personal al general. Pero hay una pieza que no encaja en este puzzle de las Cajas: la de quienes estando ahí para defender el interés general gallego, una vez reconocida por las dos entidades gallegas la imposibilidad de abordar el futuro en solitario, y sabiendo que la alianza con cajas de fuera asegura la pérdida parcial o total de "galleguidad", no hacen más que obstaculizar un posible acuerdo en Galicia, una vez que la solvencia de la entidad resultante de una fusión paritaria ha sido por dos veces contrastada. Algún día, con suerte, nos lo explicarán.