"No entiendo a los presos de ETA"

Apenas lleva un año en el cargo, pero se ha recorrido ya media España para desentrañar los retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia. El miércoles visitó Bilbao, donde afrontó una maratoniana jornada en la que no sólo habló de sus competencias. Aunque calculadamente comedido en sus declaraciones, el ministro Francisco Caamaño se salió del guión marcado y abordó distintas cuestiones de actualidad durante su estancia en el País Vasco.

Pregunta. Todo el día hablando de la modernización de la Justicia. Se debe saber ya el discurso de memoria.

Respuesta. No es para menos. Estamos inmersos en un plan muy ambicioso. Tenemos calendario, presupuesto... Es el gran reto de la democracia española en la materia. Y no sólo por su alcance, sino también por el compromiso que ha requerido de todas las instituciones implicadas: El Gobierno, el Parlamento, las comunidades autónomas y el Poder Judicial.

"Estamos ante nuestro mayor reto de toda la era democrática"

"El CGPJ decidirá pronto sobre la presidencia del Superior vasco"

"La Justicia ha estado abandonada de las prioridades durante años"

"Las víctimas deben estar en el centro de la cooperación judicial europea"

P. ¿Cuáles son las novedades que implicará?

R. Una redefinición de funciones, de espacios y de personal que permitirá racionalizar los recursos disponibles, tanto materiales como humanos. El cambio redundará en una liberación de juzgados y tribunales, que estarán menos saturados y podrán resolver sus asuntos con mayor eficacia.

P. Euskadi sirve de banco de pruebas.

R. Es una comunidad autónoma que disfruta de una red tecnológica importante, con unas buenas instalaciones judiciales y que ha sabido hacer sus deberes. Aquí se están poniendo en marcha iniciativas pioneras que se trasladarán después al resto de España.

P. ¿Coincide en la imagen lenta e ineficaz que transmite el sistema actual?

R. La Justicia ha sido tradicionalmente la gran olvidada y ha estado abandonada de las prioridades durante mucho tiempo. Desde hace diez años ha comenzado a cambiar la situación, pero el problema es que veníamos de un desfase muy notorio.

P. ¿Tenían sentido, entonces, las dos huelgas inéditas de jueces con las que le recibieron como ministro?

R. Buena parte de sus reivindicaciones eran razonables. Nuestra filosofía, sin embargo, no es la de resolver una huelga, sino la de llevar a cabo un proceso de transformación mucho más serio. No buscamos palabras, sino hechos.

P. La modernización no es el único proyecto ambicioso en el que se está trabajando.

R. El cambio estructural de la Administración tiene que llegar acompañado de la modificación de su entorno. Por eso estamos reformando el Registro Civil para hacerlo más ágil y accesible o promoviendo una Ley de Mediación y Arbitraje, en línea con la cultura judicial anglosajona, para reducir el número de asuntos entrantes.

P. ¿Qué reto afronta su Ministerio durante la presidencia española de la Unión Europea?

R. Tenemos que situar a las víctimas en el centro de la cooperación judicial. Hasta ahora nos hemos preocupado básicamente de los delincuentes: de sus órdenes de extradición, del cumplimiento de penas de un país en centros penitenciarios de otro... Pero queremos también que, por ejemplo, las víctimas de la violencia de género puedan mantener sus medidas de protección independientemente del país de la Unión al que viajen.

P. Vayamos con otros asuntos. El Supremo ha decidido archivar el caso Ibarretxe.

R. Yo ya consideraba de antemano que una persona que actuaba con buena fe difícilmente era imputable, pero dejé claro que era a los tribunales a quienes correspondía resolver la cuestión. En mi opinión, y desde la percepción política general, creo que ha sido una decisión satisfactoria y que confirma las convicciones que teníamos muchos españoles.

P. Casi tanto tiempo como usted en el cargo de ministro lleva bloqueada la designación del nuevo presidente del Tribunal Superior vasco.

R. Es una competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Supongo que pronto estará en condiciones de tomar una decisión al respecto. Hasta ahora, el actual CGPJ ha dado pruebas de su capacidad de búsqueda del acuerdo y creo que si se está tardando un poco más de lo deseable en esta cuestión es por alcanzar el consenso y que eso será una buena noticia para la administración de Justicia en Euskadi, con independencia de quién sea el candidato.

P. ¿Considera que la política puede estar entorpeciendo el proceso?

R. El rol independiente del Poder Judicial se respeta a diario. Una cosa es que el origen de algunos de sus vocales sea parlamentario y otra es que, por este motivo, se conviertan automáticamente en sujetos de política de partido. Lo que hay que tener claro es que el Consejo palpita en un país y en una realidad y que tampoco debe ser ajeno a ellos. Más que política en sentido peyorativo, creo que eso es un reflejo de la conexión de las instituciones del Estado con los ciudadanos.

P. ¿Percibe indicios que puedan apuntar a un desmarque de la violencia por parte de la izquierda abertzale?

R. Lo único que tiene que hacer ese entorno es dejar claro que la violencia no tiene espacio en una sociedad democrática. Y ese mensaje se lo tiene que hacer llegar a ETA.

P. La banda no parece estar tan por la labor, a tenor de las últimas detenciones.

R. Nuestro deseo es que ponga fin a su actividad, cuanto antes mejor. Pero mientras esto no ocurra tenemos que seguir trabajando para impedir que se vulneren nuestros derechos y nuestras libertades.

P. ¿Qué opinión le merecen las movilizaciones que han iniciado los presos de la banda?

R. No las entiendo. España disfruta de un sistema penitenciario avanzado y encaminado a la reinserción. La ley es igual para todas las personas que han cometido un delito y todos los reclusos tienen idénticos derechos. Incluidos los etarras. No me creo que reciban un trato peor por su condición.

P. ¿Qué opinión le merece la llegada de los socialistas al Gobierno vasco?

R. Su principal mérito es que han demostrado que es posible gestionar una sociedad como la vasca desde la normalidad.

P. Parece que esa gestión no se ha trasladado todavía a las encuestas. Tampoco las que se realizan a nivel nacional benefician al PSOE.

R. Ocurre algo similar a lo que nos pasa en el Congreso. Se dijo que no íbamos a sacar los Presupuestos ni otro tipo de proyectos legales porque no teníamos los apoyos necesarios. La terca realidad, sin embargo, demuestra que esas cosas se han ido consiguiendo poco a poco. El problema es que antes de tener capacidad de gestionar ya se nos había juzgado y quienes creemos en el diálogo necesitamos tiempo para realizar las cosas. Estoy convencido de que al final de la legislatura, los españoles podrán comprobar que la gran mayoría de nuestros compromisos se han ido cumpliendo. Pese a quienes prefieren el ruido y la presión mediática.