La prueba griega

Nunca un Gobierno de la UE había cumplido sus primeros 100 días con un balance económico tan inquietante. Ni antes un miembro perteneciente a la eurozona había generado tanta desconfianza acerca de su capacidad para sanear sus finanzas públicas. Tampoco un Estado miembro había sido acusado tan directamente de falsificación de la información sobre las finanzas públicas. Todo esto es Grecia.

Esa percepción del riesgo es la causa de que las agencias de calificación crediticia estén ampliando las advertencias o, directamente, las degradaciones y de que la deuda pública de algunos Estados de economías avanzadas esté cotizando con una prima de riesgo creciente. No es precisamente muy creíble que un déficit público del 12,7% del PIB en 2009 pueda caer en un plazo razonable de tiempo (desde luego no en 2012, como ha sugerido el Gobierno) por debajo del 3%, como exige el Pacto de Estabilidad. Sobre todo si el crecimiento económico brilla por su ausencia: no es probable que aumente el PIB griego este año y las posibilidades de expansión a medio plazo son ciertamente limitadas. Las amenazas de aplicación de sanciones comunitarias no son más intimidadoras que las derivadas de una severa y duradera penalización por los mercados de bonos, donde el Estado griego ha de financiar su igualmente creciente deuda pública.

Frente a una situación tal, el Gobierno griego ha de definir un plan creíble de saneamiento de las finanzas públicas. Es algo que va a exigir serios sacrificios en su población con el fin de restaurar la capacidad competitiva que ha sido notablemente erosionada en el seno de la eurozona, sin posibilidad de recurrir a modificaciones del tipo de cambio con el fin de paliar esas pérdidas de competitividad. Las autoridades igualmente han de garantizar la absoluta transparencia en las cuentas públicas y el abandono de prácticas informativas heredadas de anteriores gobiernos que en nada favorecen sus compromisos comunitarios. Pero sin menoscabar el cumplimiento estricto de esas obligaciones, Grecia tiene derecho al apoyo de las instituciones europeas, sin menoscabo del que pueda conseguir de instituciones multilaterales como el FMI. Contemplar su exclusión de la unión monetaria es un ejercicio peligroso, no sólo para ésa y otras economías hoy vulnerables por similares razones, sino para la estabilidad del conjunto de la eurozona.