El abogado y el presidente
El abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg conmocionó al mundo con un vídeo en el que anunciaba su asesinato y acusaba de él al presidente de su país, Álvaro Colom, y a sus allegados. Pero según la investigación, realizada por una comisión auspiciada por la ONU que dirige el fiscal español Carlos Castresana, Rosenberg planificó su propia muerte para poner en la picota al círculo presidencial, a quien consideraba culpable del asesinato de dos amigos cercanos (el empresario Khalil Musa y su hija) a causa de una trama de corrupción.
Con su muerte, el abogado logró movilizaciones sin precedentes de una sociedad harta de la impunidad y de unos gobernantes que malversan los fondos públicos. Ahora esa sociedad no acaba de creerse las conclusiones del informe, pero ésa es otra historia. Quedan cabos sueltos y el caso debe sustanciarse en los tribunales. También está pendiente el doble crimen de los Musa y los desfalcos que denunció Rosenberg. Pero el expediente presentado es profesional y solvente.
Parecía imposible que un crimen de tanto impacto tuviera una resolución normal en Guatemala, donde los casos emblemáticos han acabado convertidos tradicionalmente en embrollos delirantes, manipulados por grupos de poder para ajustar cuentas, en una réplica interminable de la trama siniestra de El Señor Presidente, la novela de Miguel Ángel Asturias. En esta ocasión, los guatemaltecos constatan con alivio que se ha realizado una investigación con criterios técnicos y no políticos de la mano de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), instituida en 2006.
Y aquí empiezan las preguntas. Una vez firmada la paz entre el Gobierno y la guerrilla, en 1996, la Unión Europea, y en particular España, destinaron grandes recursos económicos y humanos para impulsar en Guatemala una policía y un sistema judicial homologables. Cabe preguntarse cuáles son los resultados concretos de ese esfuerzo 10 años después. Y cabe preguntarse si ese Estado centroamericano va a necesitar siempre de supervisores externos para proporcionar a sus ciudadanos unos derechos fundamentales como la seguridad y la justicia.
