El presidente de la Audiencia Nacional defiende su actuación en el 'caso Alakrana'

Tras la acción viene la reflexión. A punto de que se cumplan dos meses desde la liberación del atunero Alakrana, y con los dos piratas apresados esperando juicio en la Audiencia Nacional, la Academia Galega de Seguridade Pública acoge desde ayer hasta hoy en sus instalaciones de A Estrada unas jornadas sobre la persecución de los actos de piratería en las costas somalíes. El objetivo es "debatir con sinceridad los problemas jurídicos" que suscita el filibusterismo contemporáneo, según señaló el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, que pronunció la conferencia inaugural.

En una rueda de prensa en la que fue presentado por el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, Juanes defendió la actuación del órgano que dirige en el caso Alakrana. "La Audiencia Nacional era competente porque el barco era español y la mayor parte de las víctimas, también", adujo. Sí reconoció que hubo imprecisiones en algunas de las actuaciones judiciales, como la vacilación al determinar la mayoría o minoría de edad de uno de los detenidos, que llevó al juez de instrucción a ponerlo en libertad y después volver a ordenar su encarcelamiento. Para el magistrado esto responde a un problema estructural. "La Audiencia Nacional tiene carencias; la sede no recoge las condiciones necesarias, y además no existe un Instituto de Medicina legal que resuelva internamente las discrepancias", señaló. También matizó las dificultades del caso particular. "El detenido medía 1,80 [metros] y no había familiares a los que consultar".

La piratería internacional plantea varios quebraderos de cabeza a los expertos de Derecho. Uno de ellos es que, como tal, no está tipificada en las leyes penales españolas. Así lo señala Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad III de Madrid y secretario general de la Conferencia de Ministros de los Países Iberoamericanos, que también intervino ayer y que considera el curso muy oportuno "para dar una respuesta sosegada" a casos de piratería en aguas de Estados fallidos como Somalia. Moreno entiende que el secuestro del Alakrana se complicó por varias circunstancias, entre ellas la intensa cobertura de los medios de comunicación. "Los piratas sabían perfectamente lo que pasaba por lo que salía en los medios aquí", recuerda. "Esto, concatenado con la iniciativa de la Abogacía del Estado, que pidió a la Audiencia que actuara, y la propia acción del tribunal en el marco de indefinición [jurídica] de la piratería, impidió que el secuestro se resolviese de una forma más pronta y más satisfactoria", añade.

Para el catedrático, situaciones como la del Alakrana no se arreglan con soluciones jurídicas, e insiste en que la justicia española sólo debe intervenir con carácter subsidiario -cuando las autoridades más próximas rechazan o no pueden hacerse cargo-. En ese sentido, Juanes tiene la esperanza en que la presencia de seguridad privada en los pesqueros conlleve una disminución en el número de ataques piratas. "Va a ser más difícil", apuntó.

Celebradas a instancias de un grupo de profesores de Derecho de la Universidade de Santiago, las discusiones continúan hoy con la participación, entre otros, del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y del comandante Juan Garat, que dirigió la fuerza naval europea que patrulla el Índico para evitar la piratería, dentro de la Operación Atalanta.