Galicia y la Unión Europea
El pasado 1 de enero comenzó el semestre durante el cual España ostentará la presidencia de turno de la Unión Europea (UE). El país que preside la UE asume importantes funciones: ejerce el liderazgo político del Consejo, le corresponde el decisivo papel de mediación entre los Estados miembros y con el resto de las instituciones europeas y ostenta la representación exterior de la Unión. A todo ello se une en esta ocasión la responsabilidad de poner en marcha la nueva arquitectura política e institucional de la UE que deriva del Tratado de Lisboa.
Así pues, la presidencia española proporciona una inmejorable ocasión para reflexionar acerca de cómo los diferentes gobiernos vienen desarrollando el proyecto europeo y, en particular, cómo se elaboraron las prioridades de la política española para el semestre de nuestra presidencia. Por lo que se sabe, el Gobierno limitó toda la preparación al ámbito de la Administración Central, marginando absolutamente a Galicia y al resto de las comunidades autónomas, hasta el punto que no conocemos siquiera si éstas van a participar o no en las reuniones del Consejo de la Unión, formando parte, claro está, de las delegaciones españolas.
El Gobierno impide a las comunidades autónomas la defensa adecuada de sus intereses en Europa
Esta actitud del Ejecutivo contrasta vivamente con la práctica que desarrollan países de estructura similar a la de España, como muestra el marco comparado de la Presidencia de la Unión en países descentralizados como el nuestro. La política europea de Alemania, por ejemplo, es el producto de largas y duras negociaciones entre el Estado Federal (Bund) y los 16 estados federados (Länder), y éstos participan en el Consejo formando parte de las delegaciones alemanas. En el caso belga, las comunidades no sólo forman parte de las delegaciones de su Estado, sino que, en determinados casos, dependiendo de las materias de que se trate, las presiden.
La restrictiva política del Gobierno (de los sucesivos Gobiernos españoles), contraria al espíritu constitucional y a la práctica europea, no sólo impide a Galicia y al resto de las comunidades autónomas la defensa adecuada de sus intereses, sino que debilita el proyecto europeo de España, al representar éste exclusivamente la visión política del Ejecutivo central y no la del conjunto del Estado. ¿Por qué se ha desperdiciado una ocasión única como esta para poner en marcha una amplia negociación entre el Gobierno y las autonomías que podría haber culminado con la celebración de una auténtica Conferencia de Presidentes para fijar la posición europea de España en esta importante coyuntura política, y que hubiese representado además un ejercicio de pedagogía política de enorme trascendencia?. El Gobierno no ha dado ninguna explicación al respecto, pero lo más sorprendente de todo es que ni Núñez Feijóo ni el resto de los presidentes han abierto la boca para reclamar la necesaria participación de las comunidades que presiden en la definición del decisivo proyecto europeo. En nuestro caso, alguien debería exigir en el Parlamento explicaciones a Feijóo acerca de por qué ha abdicado, una vez más, de sus responsabilidades en la defensa de nuestros vitales intereses.
Me permito expresar una última preocupación que, en forma de interrogante, surge en torno a la presidencia española de la UE. ¿Tendrán el Gobierno y el presidente Zapatero la suficiente autoridad para definir las líneas maestras que deben presidir la construcción política europea en la próxima década, en el sentido de hacer de la Unión un sujeto político global con todos sus atributos (moneda, seguridad, defensa y política exterior, espacio judicial, política económica y fiscal común y modelo social) o se limitará a pronunciar pomposos discursos europeístas resignándose a que ese papel político global lo jueguen EE UU y China -y quizá alguna potencia más como Rusia, Brasil e India-, relegando a Europa al penoso papel subalterno que está representando actualmente en el turbulento proceso de cambio que vive el mundo?. Porque, como he recordado en otras ocasiones, los hechos han terminado por darle la razón al gran europeísta italiano Altiero Spinelli, que hace ya muchos años formuló el dilema de Europa en estos precisos términos: unidad o decadencia.
