El futuro del PP, de Garzón y de Cataluña, en los tribunales

El año judicial tendrá -en la agenda de lo previsto- tres protagonistas, y todos relacionados con la política: la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, la trama de corrupción Gürtel que afecta al PP y la causa contra Baltasar Garzón -que podría dejar en suspenso su carrera- por investigar los crímenes del franquismo.

- Bárcenas, Merino y Camps, en manos del Supremo. La instrucción del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, donde se dirime la responsabilidad en la trama del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y del diputado nacional de ese partido Jesús Merino, va por su quinto mes de prórroga, acordada por el juez Francisco Monterde (próximo al PP). Desde que Bárcenas y Merino comparecieron el pasado julio como imputados, el Supremo se ha instalado en el hermetismo.

Este tribunal tiene que ver también el recurso del fiscal contra la decisión del Tribunal Superior valenciano de archivar la causa que afecta al presidente Francisco Camps, del PP, por los regalos recibidos de una empresa de la red Gürtel. Si en primavera se estima el recurso, Camps podría sentarse en el banquillo de los acusados.

- El 'caso Gürtel' en Madrid y Valencia. El Tribunal Superior de Madrid tiene pendiente concluir la instrucción del caso Gürtel, con algo más de 70 imputados, entre ellos cualificados dirigentes del PP y destacados empresarios de la construcción y los servicios. Aún no se ha levantado el secreto de dos tercios del sumario, que podría destapar nuevos escándalos en las relaciones de gobiernos del PP con la red de empresas de Francisco Correa. En Valencia, un demoledor informe sobre la financiación ilegal de los populares está pendiente de investigación por el Tribunal Superior.

- El juez Garzón arriesga el cargo. El otro polo de atención radica en la imputación al juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Una causa que ha dado lugar -según el abogado de Garzón- a una "inquisitorial" instrucción dirigida contra el juez por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela. Si Garzón es llevado al banquillo, quedará suspendido en sus funciones.

Sobre Garzón penden otras dos querellas, que no han sido aún ni admitidas a trámite. La primera, presentada por un abogado del caso Gürtel, cuyas conversaciones en la cárcel con un empresario de la trama fueron intervenidas por Garzón a instancias de Anticorrupción. Y la segunda, de los abogados de un condenado en el caso Banesto, Rafael Pérez Escolar, que persiguen hace año y medio a Garzón intentando relacionar el patrocinio por el Banco Santander de unos cursos que el juez dirigió en Nueva York con el archivo por éste de una querella de Pérez Escolar (ya fallecido) contra el presidente del Santander, Emilio Botín.

- A la espera de la sentencia del 'Estatut'. El Constitucional cerró 2009 sin sentencia sobre el Estatuto de Cataluña -en vigor desde hace tres años- y con la presidenta, María Emilia Casas, intentando conformar una nueva mayoría de magistrados de ambos sectores (progresista y conservador). El objetivo es consensuar un texto que rebajaría las aspiraciones nacionalistas pero trataría de salvar el núcleo central de competencias y financiación. La renovación del Tribunal dependerá de la fecha de la sentencia. Ahora están pendientes de renovación los cuatro magistrados elegidos por el Senado y el fallecido Roberto García Calvo. En noviembre deben ser renovados los tres propuestos por el Congreso.

- Deberes del Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Francisco Caamaño quiere poner en funcionamiento la nueva oficina judicial en mayo. En febrero, iniciará su tramitación parlamentaria el Código Penal que endurece las penas por delitos sexuales y establece medidas de vigilancia sobre terroristas cuando salgan de la cárcel. La eterna Ley de Enjuiciamiento Criminal parece que seguirá eternizándose.