El portavoz de la APM cuestiona decisiones en el 'caso Egunkaria'

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, afirmó ayer que "prácticamente ninguna" de las resoluciones que se han dictado en el caso del cierre de Egunkaria por su supuesto vínculo con ETA le han satisfecho como jurista. García reconoció haber leído todas las decisiones judiciales en torno al caso, por el que están siendo juzgados los directivos del clausurado periódico en euskera. "Los razonamientos que en esas resoluciones incorporaban no me han convencido desde el derecho", manifestó en una entrevista concedida a Radio Euskadi.

El caso Egunkaria es "extraordinariamente particular" y, por ello, el portavoz de la APM estima que las decisiones adoptadas, en referencia al cierre del periódico ordenado en 2003 por el juez Juan del Olmo, "debieron haberse pensado y repensado mucho más". Si se constatara que las decisiones tomadas no son correctas "los daños que se habrían producido serían prácticamente irreparables", reconoció, aunque mencionó la posibilidad de una reparación económica de los daños.

A pesar de cuestionar las decisiones, García recalcó que estas resoluciones merecen "un extraordinario respeto, reconociendo que han sido dictadas por el tribunal" y llamó a confiar en las instituciones. Las declaraciones del portavoz de la APM, la asociación conservadora y mayoritaria de los jueces, se producen tres semanas después de que comenzara el juicio a los cinco directivos de Egunkaria -Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Joan Mari Torrealdai y Xabier Oleaga- y después de que más de 20.000 personas se manifestaran a favor de los acusados en Bilbao. En el proceso, que se reanuda el día 12 de este mes en la Audiencia Nacional, la Fiscalía no ha presentado la acusación pública, por lo que el juicio se está desarrollando con las acusaciones particulares de la AVT y la asociación Dignidad y Justicia. Sobre la relevancia de que la Fiscalía se haya apartado, García recordó que "no constituye en el procedimiento penal español más que una parte acusadora que no ostenta prerrogativas ni privilegios" frente a otras acusaciones, y opinó que "el fiscal no tiene por qué ser sacrosanto".