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Editorial:Editorial

La necesidad de hacer caja

En tiempos de vacas flacas hay que sacar dinero hasta de debajo de las piedras; y si hace falta vender las joyas de la familia para salir adelante, se venden. Lo malo es cuando la mejor parte del ajuar ya se ha liquidado y sólo quedan unas pocas alhajas con las que tapar agujeros.

Parece que lo peor de la crisis ha pasado y que la recuperación económica está ya en marcha, incluso en España. Pero estos seis trimestres seguidos de recesión -y las medidas fiscales adoptadas para paliar sus efectos- nos dejan una herencia envenenada: un agujero en las cuentas públicas que roza el 10% del PIB y una deuda equivalente al 50%. Con el optimismo que le caracteriza, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha marcado como objetivo cumplir en 2013 -tal y como contempla el Tratado de Maastricht- el requisito de situar el déficit por debajo del 3% del producto interior bruto (PIB), y ello va a exigir un gran esfuerzo de contención del gasto y un fuerte incremento de su capacidad recaudadora. Subidas de impuestos aparte, una manera de engrosar las arcas públicas es vender alguna de las participaciones que el Estado conserva en el tejido empresarial español, aunque éstas no sean, precisamente, gran cosa.

¿Qué queda por privatizar? Los gobiernos anteriores ya hicieron caja con el traspaso al sector privado de monopolios históricos en los sectores de la energía y las telecomunicaciones. Durante los mandatos de Felipe González y José María Aznar se llevaron a cabo las privatizaciones de Telefónica, Repsol y Endesa, junto a Iberia, Argentaria y empresas de menor calibre en multitud de sectores. En conjunto, entre 1982 y 2004 el Estado ingresó más de 40.000 millones de euros por esa vía.

Hoy hablamos de cantidades mucho más modestas. La pieza más apetitosa para los inversores quizá sea Red Eléctrica Española, la empresa responsable de gestionar la red de alta tensión. El Estado tiene aún un 20% de las acciones de la compañía y sólo está obligado por ley a conservar un 10%. A precios de mercado, el 10% que sí puede vender valdría unos 500 millones de euros. Por el 5,16% que el Estado conserva en el capital de Iberia apenas se podrían recaudar 100 millones. El Gobierno ha apuntado la posibilidad de que entre capital privado en AENA, la compañía gestora del tráfico aéreo, pero no ha decidido si su privatización será completa o si se hará en bloque o aeropuerto por aeropuerto, lo que hace imposible calcular cuánto dinero podría obtenerse en la operación. Siguen en manos públicas empresas muy dispares y de difícil colocación como la minera Hunosa, la tabaquera Cetarsa y los astilleros Navantia e Izar.

Por muy acuciante que sea, la situación en España no es tan desesperada como la de Grecia, con el agua al cuello a causa del déficit y la deuda pública. El Gobierno socialista de Giorgos Papandreu espera recaudar 2.500 millones de euros con la venta de activos en manos del Estado. España no puede aspirar a esas cifras. Para hacerlo, el Gobierno tendría que tomar decisiones políticamente arriesgadas, como vender Radiotelevisión Española o la agencia Efe, y nada apunta en esa dirección, por ahora. -

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de enero de 2010