El PP impugna la nueva norma foral de gestión del peaje vizcaíno de la A-8

La nueva norma foral que regulará la gestión del canon de la A-8 consiguió salir ayer adelante en el pleno de las Juntas de Vizcaya con los votos favorables del PNV como único apoyo. Los cambios en la antigua normativa, que en la práctica se limitan a elevar de rango el decreto que establecía estos precios sin ejecutar cambios en su contenido, pretenden salvar las últimas sentencias que anularon el reglamento que estableció el peaje de la autopista A-8 entre 2003 y 2007. Las dudas acerca de la legalidad de esta maniobra, que ya habían sido expresadas por el PP y EB en forma de enmiendas a la totalidad, fueron ayer un paso más allá con el anuncio de la próxima impugnación del recién estrenado reglamento por parte de los populares. Además, los junteros del PP reclamarán en los tribunales, a nivel individual, la devolución de los peajes que abonaron entre esas fechas para "abrir camino" al resto de ciudadanos.

El PNV, único que apoyó el texto, asegura que es una solución temporal

Ahora bien, esta nueva norma, que pretende acabar con la inseguridad jurídica creada por los sucesivos fallos judiciales del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Supremo en torno a este asunto, es "provisional", según reconoció la portavoz del PNV, Aizbea Atela. Y es que los nacionalistas confían en hallar la solución definitiva cuando den "forma" a la ponencia sobre carreteras en la que se acordó, entre otras cosas, que el peaje de la A-8 deje de servir para financiar la construcción de otras carreteras, como la Supersur. En cualquier caso, a fin de ampliar esa cobertura temporal el mayor tiempo posible, el texto fue aprobado con carácter retroactivo al 1 de enero de 2009.

Así las cosas, la oposición echó en cara al PNV la "ausencia de contenido" de la nueva norma, que EB calificó también de "discriminatoria". Más lejos fue el portavoz popular Carlos Olazábal, quien le preguntó al PNV si se hará cargo de los "270 millones de euros" a los que, según sus cálculos, asciende, el perjuicio patrimonial ocasionado a los conductores desde 2003. Olazábal calificó la nueva norma de "bodrio jurídico" y "chapuza", reclamó un nuevo reglamento "ajustado a derecho". Atela, por su parte, criticó la "pertinaz obcecación" de los populares, a quienes tachó de "populistas", en confundir a la ciudadanía y de llamarla a la "desobediencia" generando "falsas expectativas". Asimismo, acusó a los populares de apostar por una gestión de la concesión mediante una empresa privada, algo que "implicaría inexorablemente un incremento de la cuantía" de los peajes.

Por su parte, el PSE rompió su tradicional apoyo a las normas anteriores al abstenerse, junto a EA, en la votación por dos motivos. Por un lado, los socialistas entienden como un "avance" que la Diputación no "se enroque" en el recurso judicial permanente. Pero, por otro, dudan de que esta nueva norma vaya a introducir una mayor seguridad jurídica en torno a los peajes, a la vista del recurso judicial anunciado por el PP.

El pleno de la Cámara vizcaína también albergó otro agrio debate a raíz de una proposición no de norma presentada por el Grupo Mixto que buscaba que las Juntas instaran al Gobierno y al Parlamento vascos a no enviar delegaciones al desfile militar de la Fiesta Nacional ni a otras celebraciones similares. No querían que se repitiera la imagen inédita hasta entonces del consejero de Interior, Rodolfo Ares, y la presidenta del Parlamento, Arantza Quiroga el pasado 12 de octubre.

El PP y PSE defendieron dicha representación como "signo de normalidad democrática", mientras el juntero jeltzale Ander Urrutia, no dudó en citar a Napoleón en relación a la pérdida de tiempo y recitar un poema inspirado en la popular canción Furra furra, de Oskorri, que hablaba de cómo "Arantza y Rodolfo" fueron a Madrid y "saludaron al Rey". El texto también hacía referencia a la polémica por la bandera española en el Gorbea y el Alakrana. La propuesta no salió adelante.