Un insólito adelgazamiento institucional

Euskadi parece haber dejado atrás, en el ámbito de las defensorías sectoriales, la tendencia de las administraciones a crear nuevos organismos. De forma inédita, esta semana se ha dado el paso final para eliminar una de estas figuras, la del Defensor del Menor, al mismo tiempo, que el debate sobre la Defensoría para la Igualdad se ha acrecentado, replanteado por las dudas del lehendakari la semana pasada y acentuado por la dimisión posterior de su máxima responsable, Maite Erro, el martes.

La tendencia general a la proliferación de estos organismos, a juicio de Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Administrativo, "no tiene sentido teniendo una figura como el ararteko". Y es que desgajar las competencias generales en diferentes instituciones "puede generar pequeños corralitos". El Defensor del Menor fue creado en abril del año pasado y ha tenido dos responsables, hasta su supresión esta misma semana. Para eliminar esta figura ha sido necesario modificar la Ley de Atención a la Infancia y la Adolescencia, por lo que el proceso se ha prolongado durante seis meses desde que la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció su eliminación.

La crisis ha empujado a evaluar la actuación de los distintos organismos

Las defensorías chocan con las tareas generales del Ararteko

En el caso de la Defensoría para la Igualdad, el PNV ve en las "trabas" del Gobierno a la gestión de Erro y la negativa temporal de Emakunde a proponer una sucesora un intento de eliminar la defensoría. Si se decidiera suprimir la Defensoría para la Igualdad, el camino a seguir sería similar, ya que su creación surge de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2005, impulsada por Ibarretxe. El Defensor del Menor creado por el tripartito, nació entre críticas de PP y PSE por la confluencia de sus actividades con las del Ararteko, que también ha mostrado su desacuerdo.

Según Jiménez Asensio, la crisis fiscal empuja a evaluar las distintas instituciones y a tratar de minimizar las duplicidades o los bajos niveles de rendimiento, de los que se ha criticado a la Defensoría para la Igualdad.

El Ejecutivo está realizando esta revisión, según recuerda la parlamentaria socialista Cristina Laborda, aunque el Defensor del Menor, se hubiese suprimido de todas formas. Las defensorías sectoriales son caras y generan dudas sobre sus competencias porque conviven con organizaciones de defensa generalistas como el Ararteko. "Erro era consciente de que la Defensoría tiene muchas limitaciones, por no tener capacidad sancionadora", añade Laborda. La parlamentaria mantiene que es necesario vigilar el sector privado desde la Administración para avanzar hacia la igualdad -tarea de la Defensoría-, pero explica que hay que terminar el proceso de reflexión, en el que "también se incluye hacia qué organismo" puede evolucionar esta institución adscrita a Emakunde.

La tesitura en la que se encuentra la Defensoría no es la misma que la del defensor del Menor y su eliminación no está tan clara, pero la institución se mantiene en una situación de fragilidad por no contar con un responsable, lo que merma su capacidad de actuación. Aunque buena parte de las competencias del Defensor del Menor pasarán al Ararteko, las labores de la Defensoría para la Igualdad, según sostiene el PNV, no podrían enmarcarse en la organización de Iñigo Lamarca por tratar ésta únicamente el ámbito público.