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Columna
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Del aborto a las corridas

Casi todo ha sido ya dicho y escrito acerca de la nueva regulación del aborto voluntario -destinada a sustituir la ley de 1985- durante el año transcurrido desde la constitución de la subcomisión parlamentaria encargada de preparar las líneas maestras del texto, hasta la aceptación a trámite por las Cortes del proyecto enviado por el Gobierno y el debate en comisión para incorporar las enmiendas. El pleno de la semana pasada en el Congreso amplió el respaldo de los diputados mediante la ratificación de las propuestas de varios grupos parlamentarios; sólo queda ya el paso por el Senado para que este polémico texto sea sancionado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El portavoz de UPN mezcla en el Congreso el debate sobre el aborto y la supresión de los toros

El portavoz de ERC se mostró eufórico ("hoy es un día feliz, feliz para el Gobierno, feliz para la ministra, feliz para nosotros") por la aceptación de las enmiendas de su partido sobre objeción de conciencia, métodos anticonceptivos y educación sexual. El portavoz de IU tomó nota de la noticia facilitada por el portavoz de la Conferencia Episcopal según la cual el aborto es pecado, pero rechazó como representante de la soberanía popular que sea también delito: "Ellos [los obispos] no son quienes -concluyó acertadamente Llamazares- para decir qué es y qué no es delito: eso es cosa nuestra".

La intervención del diputado Agirretxea para fijar la posición del PNV (un partido de origen confesional y posterior arraigo democristiano) movió la tierra bajo los pies de quienes confunden por ignorancia o por malicia los castigos del código canónico con las sanciones del código penal, las autocracias confesionales con las democracias laicas y las creencias religiosas con las normas morales. El portavoz nacionalista invocó al lingüista Koldo Mitxelena -"no sólo lo que yo quiera sino lo que nosotros necesitamos"- para resumir el espíritu de su intervención. Tras recordar que el PP no modificó la ley de 1985 cuando tenía mayoría absoluta, Agirretxea sostuvo que el proyecto del Gobierno ha quedado significativamente mejorado por las propuestas del PNV, incluida la enmienda sobre la información dada a los padres por las embarazadas de 16 ó 17 años. Ni la ley obliga a abortar, ni el apoyo a una norma jurídica y sanitariamente garantista sobre la interrupción voluntaria del embarazo significa un refrendo moral de su práctica.

El solitario representante de UPN, Carlos Salvador Armendáriz, afirmó, en cambio, que las enmiendas introducidas en el debate de la comisión no han hecho más que empeorar el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes. Puesto ya en el disparadero del absurdo, el diputado navarro estableció algunas extravagantes comparaciones entre la aprobación el pasado jueves por el Congreso de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la aceptación a trámite 24 horas después por el Parlamento de Cataluña de una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por grupos ecologistas para conseguir la supresión de la excepción favorable a las corridas de toros incluida en la actual ley autonómica de Protección a los Animales. El portavoz de UPN se mostró hondamente sorprendido de que los diputados socialistas dispusiesen el viernes de libertad de voto en el Parlamento catalán para pronunciarse acerca de "la supresión de la fiesta de los toros en esa parte de España" pero no disfrutaran, en cambio, "coherentemente con esa misma lógica" de tales vacaciones disciplinarias el día anterior en el Congreso para decidir en conciencia sobre la ley del aborto. Pero el PSC ha resuelto posteriormente esa contradicción de forma seguramente indeseada para el diputado Salvador Armendáriz: los socialistas catalanes tampoco tendrán libertad de voto durante la tramitación del resto de la ILP.

El representante de UPN preguntó a los socialistas catalanes con astuta inocencia y candorosa malicia: "¿Es más importante para ustedes la vida de un animal que la vida de un ser humano?". Resulta evidente que el dilema está mal planteado: los partidarios de la prohibición de las corridas de toros no exigen -salvo quizás los muy vegetarianos- el cierre de los mataderos de ganado vacuno, sino la supresión de un espectáculo que consideran ofensivo para la moral cívica por el doloroso trato inferido al toro bravo. No parece, por lo demás, que el diputado navarro, probable entusiasta de los sangrientos encierros de San Fermín, sepa distinguir bien entre la vida potencial de un embrión -animal o humano- alojado dentro del útero materno y la existencia plena, independiente y autónoma de un ser efectivamente nacido.

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