Barberá hace caja con el subsuelo

El Ayuntamiento de Valencia se dispone a vender su subsuelo para hacer caja. La Comisión de Urbanismo dio ayer el primer paso para enajenar un total de 5.248 plazas de aparcamiento privadas construidas bajo los viales públicos municipales. Centros comerciales como Aqua, El Corte Inglés de la avenida de Francia o el centro comercial de Ademuz Hipercor se beneficiarán de esta primera fase. El consistorio deja para después la venta de las plazas públicas municipales, las más usadas por los residentes.

El consistorio ha iniciado los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con vistas a regular la venta de 49 parcelas de subsuelo público municipal sobre las que se han construido plazas privadas. Hasta ahora, éstas están en poder de particulares y locales del sector terciario en régimen de concesión y previo pago de un canon. "Este sistema no ha satisfecho ni a los concesionarios que deseaban optar a la propiedad de los aparcamientos ni al Ayuntamiento, que no rentabiliza racionalmente sus activos patrimoniales", argumentó el equipo de gobierno.

El precio de estos aparcamientos se fijará en función del valor de la zona, del tiempo de concesión agotado, el canon, etcétera. Los concejales de Urbanismo y de Patrimonio, Jorge Bellver y Alfonso Novo, respectivamente, aseguraron que con esta modificación se cumplen las peticiones de los residentes.

La oposición denunció, sin embargo, que la venta de plazas de aparcamiento público municipal a los residentes -hay 7 u 8 bajo viales públicos y otros tantos bajo jardines de la ciudad- se deje para una segunda fase. Serían los casos de los estacionamientos de Severo Ochoa, San Agustín o el del Parterre. "Si es verdad que esta medida pretende beneficiar a los residentes, ¿por qué se dejan para una segunda fase?", cuestionó el concejal socialista Vicente González Móstoles, que exigió además una ordenanza municipal que impida la opacidad y la especulación en la venta de estas plazas. González Móstoles reclamó que la ordenanza fije los precios de forma pública y reduzca todo lo posible la discrecionalidad. Curiosamente, entre las 49 parcelas que se desafectarán primero sí se ha incluido una situada en la plaza del Árbol, de titularidad pública, concretamente de la Generalitat. En una tercera fase se acometerán los que están por construir. "Estudiaremos uno a uno los casos", dijo Novo.

El equipo de gobierno dio vía libre a cuatro licencias de derribo de otros tantos inmuebles de El Cabanyal afectados por la construcción del Bulevar San Pedro. Son los números, 27, 61, 31 y 29 de la citada vía. Estas casas están fuera de la zona de Bien de Interés Cultural (BIC).

Los socialistas se oponen a estos nuevos permisos de derribo y al proyecto por el que se tirarán abajo, la prolongación hasta el mar de la avenida de Blasco Ibáñez. A partir de ahora la sociedad Cabanyal 2010 podrá derribar los cuatro inmuebles. "Es una temeridad pues el Ministerio de Cultura aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el plan de El Cabanyal suponga un expolio al patrimonio".

Dos viales en la huerta

Aunque no se trató en la Comisión de Urbanismo de ayer, la oposición mencionó algunas de las críticas que la memoria ambiental de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia hace al planeamiento propuesto por el equipo de gobierno. González Móstoles recordó que dos de las infraestructuras de transporte planeadas por el equipo de gobierno están sobre espacios de huerta de gran valor. La Dirección General de Medio Ambiente ha desestimado el corredor comarcal, que arranca del barranco del Carraixet, en su paso por Valencia, así como el tramo de carretera proyectado por el PP en la huerta entre Benimàmet y Campanar con la que se pretendía conectar el sur con la Ronda Nord. El edil de Urbanismo, Jorge Bellver, insistió en que la supresión de estos proyectos ya se conocía desde antes del verano

Bellver anunció la aprobación de licencias para la construcción de 200 viviendas de protección pública en Sociópolis.