Libertad con fianza de medio millón para Bartomeu Muñoz

El socialista Bartomeu Muñoz,ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, quedará en libertad provisional si paga una fianza de medio millón de euros. Ésa es la decisión que tomó ayer el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El abogado del ex edil, Fermín Morales, aseguró que su cliente "no tiene capacidad de respuesta inmediata" para abonar esa suma, por lo que previsiblemente permanecerá aún unos días en la prisión de Can Brians 2.

"Intentaremos buscar un aval bancario o bien ofrecer un inmueble como garantía", subrayó el letrado. Muñoz deberá presentarse en el juzgado de instrucción cada 15 días y no podrá salir del país sin autorización judicial. Con la decisión de Garzón, a la espera de que Muñoz reúna los 500.000 euros, sólo quedará encarcelado el ex diputado del PSC Luis García, presunto cerebro del caso Pretoria, de corrupción urbanística.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón valoró ayer de forma "positiva" la puesta en libertad de Bartomeu Muñoz. Parlón aseguró que el consistorio respeta la decisión judicial y se felicita de que Muñoz pueda pasar las Navidades junto a su familia.

El pasado 27 de octubre, la Guardia Civil detuvo a nueve personas por orden de Garzón, acusadas de lucrarse cobrando comisiones de forma ilícita. Además de Muñoz y García, Luigi, fueron encarcelados Macià Alavedra y Lluís Prenafeta -ex altos cargos de la Generalitat en la etapa del presidente Jordi Pujol-, y el concejal de Urbanismo del municipio barcelonés, Manuel Dobarco.

20 imputados

Garzón decretó prisión para Muñoz para evitar "la destrucción de datos, evidencias, documentos o elementos necesarios en la investigación". En el auto de libertad, el juez considera que ahora los documentos ya están custodiados por la policía judicial y que, por tanto, el riesgo es menor. El ex alcalde está acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude de subvenciones y fraude y falsedad en documento fiscal.

Además de los nueve detenidos, Garzón interrogó después como imputados a otras 11 personas por su presunta implicación en una trama de corrupción centrada en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona. Según las investigaciones tres operaciones urbanísticas generaron un beneficio de 45 millones de euros.