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COLUMNA

Extremar la prudencia

La decisión del Tribunal Superior de Justicia ha devuelto a la actualidad el plan Rabassa, sobre el que tanto se ha discutido ya en Alicante. Ahora, hablar de Rabassa para referirnos al mismo proyecto que se presentó hace ocho años, quizá no sea del todo correcto. Es cierto que el plan no ha variado en lo sustancial, pero su promotor ha procurado -en este periodo- adaptarlo a los cambios que se producían en la sociedad. Si hubiéramos de explicarlo de una forma gráfica, diríamos que Rabassa ha pasado de mostrarse con una intratable soberbia a una discreta modosidad. La petición de Enrique Ortiz, formulada hace unos días, para que se contemple dentro del Plan General de la ciudad así lo indica. Es impensable que esta demanda se hubiera producido tiempo atrás. ¿Qué ha sucedido para que se origine este cambio?

Rabassa es un ejemplo de la política urbanística practicada en la Comunidad Valenciana durante la última década, y que ahora está en entredicho. Se sustentaba esta política en el convencimiento de que la construcción era la base principal de nuestra economía y que nunca tendría fin. Pero, conviene hacer una puntualización: Rabassa no es una peculiaridad en el desarrollo urbano de Alicante. Al contrario, refleja a la perfección lo que ha sido -salvo breves periodos- la historia del urbanismo en la población. El Ayuntamiento ha dejado tradicionalmente el desarrollo de la ciudad en manos de los promotores privados, que han construido según su voluntad. En este aspecto, Alicante puede considerarse un modelo de cómo actúa la iniciativa privada cuando carece del contrapeso efectivo de los poderes públicos. Los problemas que padecemos los alicantinos en la actualidad son consecuencia de esta manera de hacer las cosas.

En un documento reciente, los empresarios valencianos afirman que la sociedad ha "abdicado de sus responsabilidades, dejando en manos de la clase política la tarea de dirigir y gestionar la marcha de la sociedad." La apreciación es cierta, en líneas generales, pero cabe hacer alguna precisión, cuanto menos en lo que respecta al plan Rabassa. En este asunto, no podemos decir que la sociedad civil abdicara de sus responsabilidades. Todo lo contrario. Pocas veces hemos visto un plan tan contestado por la sociedad y con unos argumentos tan formidables. Por poner un ejemplo cualificado, los propios arquitectos de la Comunidad Valenciana consideraron que el proyecto no respondía a las necesidades del "crecimiento sensato" de la ciudad, y así lo dijeron públicamente. No se les hizo ningún caso. ¡Cómo hubiera agradecido en aquel momento la sociedad civil un documento como el que publican ahora los señores empresarios!

Al margen de cual sea la decisión final del Tribunal Superior de Justicia, hay un hecho evidente: el tiempo juega en contra del plan Rabassa. Esto lo sabe su promotor, Enrique Ortiz, que ha ido variando su estrategia y ha suavizado aspectos del mismo para hacerlo más aceptable a la opinión pública. También lo sabe Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante. La vehemencia con la que Castedo defendió Rabassa como concejal de Urbanismo, no puede compararse con su tibia reacción actual. La construcción carece hoy del encanto que tuvo ocho años atrás, cuando comenzaba a tramitarse el proyecto. La percepción de la sociedad sobre estos asuntos ha cambiado al conocer los manejos de ciertos urbanizadores y políticos. Tal como están las cosas, conviene extremar la prudencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de diciembre de 2009