Haidar: efectos políticos

La comunidad internacional ha acogido con satisfacción el desenlace de la crisis que mantenía en el aeropuerto de Lanzarote a la activista saharaui de derechos humanos Aminetu Haidar. El alto número de comunicados oficiales emitidos desde diversas capitales de todo el mundo demuestra que Marruecos cometió un grave error político, además de un atropello contra los derechos humanos, en los que el papel de España ha quedado en entredicho por la actuación, aún confusamente explicada, del ministro Moratinos. Rabat sólo pareció tomar conciencia en los últimos días de que su indiferencia hacia la suerte de Haidar, en huelga de hambre durante un mes, iba traduciéndose en un progresivo descrédito de su posición sobre el Sáhara, y de ahí que haya aceptado finalmente el retorno de la activista.

A juzgar por los comunicados emitidos por los Gobiernos más activos en la búsqueda de una solución (Francia y Estados Unidos, además de España), Rabat ha querido revertir los efectos políticos de la crisis cuando empezaban a alcanzar proporciones inasumibles para sus intereses. De ahí que, en aras de una solución que evitase el fallecimiento de Haidar, los comunicados de los Gobiernos español y francés hayan accedido a hacer el elogio de un régimen que no lo merece en lo que respecta a este caso, y puede que tampoco en la marcha general de la democratización y el respeto a los derechos humanos. Los proyectos modernizadores de Mohamed VI parecen pertenecer más a los buenos propósitos del pasado que a una voluntad política actual, como lo prueban los retrocesos en la libertad de prensa y el endurecimiento de la represión contra los saharauis y el conjunto de la población.

España y Francia también han coincidido en realizar un equívoco reconocimiento sobre la aplicación del derecho marroquí en el territorio del Sáhara. Es obvio que se trata de una concesión política a Rabat para que accediese al retorno de Haidar. Pero no es seguro, desde el punto de vista de la legalidad internacional, que Marruecos pueda extender sin más su ordenamiento al Sáhara, un territorio del que tomó posesión en 1975 y que tiene pendiente el ejercicio de la autodeterminación. Y tampoco es enteramente cierto que, pese a todo, esté aplicando su ley, si es así como se quieren interpretar los comunicados de España y Francia: en este momento siguen existiendo normas específicas que restringen los derechos de los saharauis con respecto a los de los marroquíes.

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha hecho pública, por su parte, una declaración menos comprometida que las de Madrid y París, insistiendo en la vía autonomista como solución al problema del Sáhara. El mayor coste para Rabat de esta crisis es el descrédito de esa salida: para que resultara creíble serían necesarios avances inequívocos en la democratización del régimen. Exactamente lo contrario de cuanto estos días ha quedado al descubierto.