Empleo defraudó en contratos a desempleadas con ayudas del Estado

La Consejería de Empleo y Mujer ha sido condenada por contratar a mujeres mediante subvenciones del Estado, cuyas condiciones incumplió. Dos sentencias de los juzgados de lo Social de Madrid (del 4 de diciembre y del 22 de octubre) dictaminan que la Administración empleó a dos mujeres mediante estas ayudas, que debían estar destinadas a un proyecto determinado. Sin embargo, ejercieron otras actividades del centro y con sueldos inferiores a lo establecido en el convenio para empleados públicos. Ahora deben ser readmitidas o indemnizadas.

Las dos sentencias, dadas a conocer ayer, son las primeras que salen a flote. El sindicato de empleados públicos madrileños CSIT, que se ha ocupado de la defensa de tres de ellos, calcula que se encuentran en esta situación entre 15 y 20 personas, de las que una decena ha demandado. Un portavoz de la Consejería declinó ayer hacer comentarios hasta analizar la sentencia.

"A mí me pusieron a tramitar multas atrasadas", dice una de las denunciantes

La subvención permitía a la consejería contratar a personas desempleadas para desarrollar el Registro de Empresas Acreditadas (REA) de la construcción, un proyecto que acaba de poner en marcha para supervisar todas las empresas del gremio. El departamento de Paloma Adrados contrató así en septiembre de 2008 a unas 15 personas en paro para esta labor. Todas ellas con un contrato temporal de nueve meses. Sin embargo, algunos de ellos fueron redestinados a otros puestos tras su incorporación, secciones donde faltaba mano de obra, según aseguran varias de las denunciantes. Las dos sentencias ven en ello un fraude de ley. "Para aceptar el límite temporal [del contrato] debe acreditarse que hay un elemento objetivo y externo que limite la prestación de la actividad", rezan. El fallo de diciembre da la razón a M. R., quien duró poco en el REA, porque fue destinada hasta el final a tramitar certificados de conciliación laboral.

Su caso no es el único. Cristina también ha denunciado y espera ahora la sentencia. Recuerda que entraron unas 20 personas al mismo tiempo, todas ellas para nueve meses. "Nos dijeron que nos dedicaríamos al REA, y que la estancia tenía carácter formativo", pero no fue así. Al cabo de unos días la destinaron a gestión de sanciones con otra compañera, donde tuvo que tramitar multas de tráfico que llevaban sin salir más de tres meses. Llegó a estar en tres departamentos diferentes en un solo día.

Las circunstancias fueron extrañas desde el principio. La consejería los contrató como empleados agrarios, con un salario unos 200 euros menor al convenio de la Administración. "Si faltábamos al trabajo porque estábamos enfermos lo descontaban del sueldo", añade. El no va más llegó el 22 de junio, día en que expiraban los contratos. "A excepción de mí, se negaron a dar el certificado de funciones [donde se describen las actividades realizadas] para que no se supiera dónde habíamos estado realmente. Pero en el mío sólo aparecía REA".