El tope de ingresos para recibir ayudas a la compra de VPO sube a 48.900 euros

Los hogares que perciban unos ingresos de hasta 48.900 euros anuales tendrán derecho a recibir una ayuda para sufragar la entrada de una vivienda de protección oficial (VPO), tanto si es de régimen general como concertado. Hasta ahora sólo podían acceder a esta subvención los adjudicatarios de una VPO de régimen especial o general con rentas de hasta unos 27.900 euros anuales, la cantidad equivalente a cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Ayer el Consejo de Ministros decidió ampliar la ayuda a los beneficiarios de pisos concertados con ingresos de hasta siete veces el IPREM. La medida estará vigente durante 2010.

Este tipo de viviendas, las de precio concertado, se vendían en 2007 por un valor que se situaba entre el de la VPO y el de mercado libre. Se crearon para facilitar que las clases medias, que en pleno boom se veían con dificultades para comprar, pudieran encontrar pisos más baratos. Sin embargo, con el desplome de los precios en algunas provincias los precios de los pisos concertados incluso han acabado por superar a los de mercado. Por ello, algunas comunidades aceptaron convertir pisos concertados sin salida a protegidos de régimen general. Ahora, el Ministerio de Vivienda, dirigido por Beatriz Corredor, también autoriza a que las empresas puedan alquilar en vez de vender.

El módulo de la vivienda protegida sigue en 758 euros por metro cuadrado

El mercado inmobiliario también adolece de un ingente stock de pisos. España cuenta con más de un millón de viviendas nuevas sin vender y, sin embargo, muchos ciudadanos tienen todavía dificultades para acceder a una vivienda. El Gobierno se propone matar dos pájaros de un tiro permitiendo a cualquier persona o empresario que quiera vender su casa que la ofrezca como VPO, siempre que los precios se ajusten a los fijados por el ministerio. Con la medida, el Ejecutivo pretende dar salida al stock y, de paso, conseguir que se rebajen precios para que puedan estar al alcance de más ciudadanos.

Las medidas están dentro de la modificación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el periodo 2009-2012, cuya reforma ayer aprobó el Consejo de Ministros para prorrogar y ampliar las disposiciones transitorias para hacer frente a la crisis. El ministerio ha decidido que no sólo sean los promotores los que puedan solicitar la conversión de una vivienda libre a protegida, sino cualquier persona o empresa que tenga un piso. Estos propietarios también podrán sacar su piso al mercado de alquiler social.

Hasta ahora, sólo los promotores podían llevar sus casas a las comunidades para que les dieran la calificación de VPO. A comienzos de este año, los ejecutivos autónomos habían captado más de 10.000 viviendas del mercado libre para pasarlas a sociales, aunque para ello algunos tuvieron que realizar ofertas públicas de compra, como en Cataluña y Baleares. Durante 2010, cualquier empresa y particular podrá llevar su piso a la administración para convertirlo en VPO de compra o alquiler.

Los vendedores lo tendrán más fácil para hallar clientes. Y los compradores de estos pisos tendrán una garantía de que los propietarios han bajado los precios. Pero además, podrán acceder a las ayudas que recibe cualquier adjudicatario de VPO y a los avales del ministerio.

Otra novedad es que las sociedades podrán subrogarse el crédito convenido que tenga el promotor que esté construyendo un edificio. Fuentes del ministerio explicaron que esta medida está pensada sobre todo para agencias autonómicas o locales que quieran comprar pisos de inmobiliarias, pero también para sociedades patrimonialistas. La subrogación del crédito siempre resulta más ventajosa que la compra mediante una nueva hipoteca.

El Consejo de Ministros, por último, también decidió ayer congelar el módulo estatal básico -la referencia para los precios de VPO- en 758 euros por metro cuadrado.