El desvío de dinero público en el Palau se remonta a 1998

Era de esperar y a estas alturas tampoco sorprende, pero en cualquier caso se ha constatado que el saqueo del Palau que realizaron sus antiguos gestores venía de lejos y no discriminaba entre dinero privado y público. El informe adicional realizado por la Intervención General de la Generalitat a las cuentas del consorcio del Palau de la Música, en el que están representadas las administraciones públicas, ha demostrado que entre 1998 y 2001 también hubo desvío de dinero público sin justificar. La cantidad es menor que la detectada en el anterior informe (que abarcaba el periodo 2002-2008), pero nada baladí. Si se cuenta en pesetas, que era la moneda de la época, los auditores se han encontrado con que hay 122,5 millones (736.239.83 euros) que salieron de las cuentas del consorcio en concepto de pago o aportaciones al Orfeó pero que no llegaron a su destino. Al menos, no hay documentos que lo demuestren. Dónde están sólo lo saben Fèlix Millet y Jordi Montull, por lo que habrá que esperar a que se decidan a ampliar su anterior confesión, claramente desfasada hoy en día, para conocerlo.

De esta cantidad, 42.070 euros directamente no se sabe qué pasó con ellos, ya que no se ha encontrado ningún ingreso en cuenta alguna a nombre del Orfeó. Del resto, 694.168 euros, sí se ha comprobado que ingresaron en una cuenta cuyo titular es el Orfeó, pero que no consta en la contabilidad oficial de esta entidad y que fue cancelada en marzo de 2007. Estas cantidades, de todas maneras, nunca fueron consignadas en las cuentas oficiales del Orfeó y la mayoría de salidas se hicieron en efectivo, por lo que también se desconoce cuál fue el destino de este dinero.

El informe desvela otras partidas sin documentar, aunque no ha podido determinarse que éstas fueran irregulares. Se trata de pagos del consorcio al Orfeó por valor de 99.321 euros (16,5 millones de pesetas de entonces) que sí entraron en la contabilidad de la entidad coral, pero ha sido imposible encontrar las facturas que justifican que el dinero se destinó a lo que se había especificado. Por ejemplo, el consorcio pagaba determinada cantidad al Orfeó por una supuesta compra de material de oficina, pero no se han encontrado facturas que demuestren las compras del citado material. Éste es uno de los problemas recurrentes con los que se han encontrado los auditores. Por una parte, porque los hechos que se investigan son antiguos y en algunos casos no existe siquiera el programa informático que se utilizaba entonces para almacenarlas; por otra, porque algunas empresas aseguran que ya no guardan estos documentos.

El informe, que ayer conoció la junta del consorcio del Palau, se ha entregado al juez, que lo incorporará al sumario junto a los que se dieron a conocer el 13 de noviembre. El pasado miércoles, precisamente, los peritos de la empresa auditora Deloitte ratificaron en el juzgado el que entregaron hace poco más de un mes y que cuantifica el desvío en casi 24 millones de euros. Esa auditoría fue realizada a instancias del Orfeó y de la Fundación y los abogados de la defensa siempre han cuestionado su fiabilidad y, por ese motivo, anunciaron su intención de encargar otro informe.

Mientras tanto, el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona está a la espera de que los peritos de Hacienda designados por el juez entreguen su informe sobre la institución. Esa auditoría, al no tratarse de un estudio de parte, es a la que se le supone mayor imparcialidad, lo mismo que ocurre con cualquier otro informe pericial.