Aguirre amplía la privatización de la concesión de licencias a toda la región

Primero fue el Ayuntamiento, y ahora la Comunidad de Madrid ha decidido dar cobertura legal y ampliar a toda la región la posibilidad de poner en manos de empresas la concesión de licencias y la labor de inspección y control urbanístico. Así lo recoge una de las enmiendas presentadas por el PP en la Asamblea a la Ley de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña que se vota hoy. Concretamente su disposición adicional segunda que se titula "Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico".

La idea es que el Gobierno homologue una serie de empresas, como las que pasan la ITV de los vehículos, para que realicen controles e inspecciones urbanísticas. La diferencia principal con el Ayuntamiento, que diseñó este sistema a raíz del escándalo de corrupción en la concesión de licencias destapado hace dos años, es que la enmienda no deja claro si podrían emitir informes referidos a modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM).

El PSOE no tiene duda de que eso sucederá. "Se trata de privatizar todo el control de la legalidad urbanística. No es la primera vez que se intenta tal operación. En el anteproyecto de la Ley del Suelo de 2001 se contemplaba la homologación de las entidades certificadoras y de inspección técnica, a lo que finalmente renunció el Gobierno de Gallardón ante las enmiendas presentadas por el PSOE", critica el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo.El PSOE pedirá que se retire la enmienda, pero si la escasa fuerza parlamentaria con la que cuenta no le se lo permite, recurrirá al Tribunal Constitucional. "Esto no tiene parangón en la legislación europea. Es inconstitucional, cualquier constructora que se precie monta un chiringuito de éstos", denuncia Gordillo.

En la Comunidad aseguran que la enmienda no afecta a ninguna de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ninguna de esas entidades privadas, dicen, interferirá en las funciones del Gobierno regional. "Simplemente se da cobertura legal a una ordenanza del Ayuntamiento. En la enmienda se fijan una serie de características que tienen que tener las entidades privadas. El objetivo es agilizar la tramitación de las licencias", asegura un portavoz de la consejería.

Lo que está claro que hace esta enmienda es abrir la veda para que los ayuntamientos puedan implantar el mismo modelo que la capital. "Nosotros creemos que no necesitábamos esta cobertura legal. Pero si se produce, bienvenida sea", explica el impulsor de la privatización en la concesión de licencias en la capital, el concejal de Hacienda, Juan Bravo. El Ayuntamiento prevé que el nuevo sistema de tramitación de licencias empiece a funcionar en abril de 2010. De hecho, ya ha preseleccionado a unas 30 empresas que pueden cumplir los requisitos para realizar esta tarea.