Prisión para un funcionario acusado de irregularidades urbanísticas

La juez encarcela también a un ingeniero implicado en el 'caso Saratoga'

Los dos a la cárcel. El Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona acordó anoche la prisión incondicional para Heliodoro Lozano, un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona acusado de presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes administrativos relacionados con apartamentos turísticos. Por este mismo caso, los Mossos d'Esquadra habían detenido también al ingeniero Joaquín Quílez, quien anoche también durmió en la cárcel Modelo por decisión judicial.

Quílez estaba imputado desde hacía unos meses en la trama corrupta de los prostíbulos Saratoga y Riviera, y se encontraba actualmente en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Era la persona que subcontrataba el Ayuntamiento de Barcelona para revisar que los locales de ocio, como bares, pubs y discotecas, estuvieran acondicionados e insonorizados. Presuntamente Quílez podría haber alertado a los dueños de los citados burdeles de que se iban a producir las redadas policiales. Esa trama está siendo investigada por la juez Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, la misma magistrada que anoche acordó la prisión de ambos acusados.

Una denuncia anónima alertó de la relación entre los dos arrestados

Un anónimo recibido en el distrito de Ciutat Vella la pasada primavera alertó de la relación entre Lozano y Quílez, quien además está pendiente de juicio por otro caso de corrupción que se ha suspendido ya en dos ocasiones. El anónimo llegó al distrito cuando el caso de los prostíbulos estaba en pleno apogeo y el Ayuntamiento resolvió entregarlo al juzgado.

En la investigación que abrieron los Mossos tras conocer el anónimo, reclamaron al distrito de Ciutat Vella siete expedientes en los que pudo haber intervenido Lozano como jefe de los servicios técnicos del distrito. Cinco de ellos eran relativos a licencias de apartamentos turísticos y uno estaba relacionado con un local o piso en el que se ejercía la prostitución, según puntualizaron fuentes cercanas a la investigación del caso.

Tras esa investigación, el juzgado ordenó la detención de Lozano y Quílez. El primero estuvo destinado en Ciutat Vella entre el año 2001 y la primavera de 2008, cuando fue trasladado a los servicios de redacción de proyectos del Área de Urbanismo del Consistorio barcelonés.

La edil del distrito de Ciutat Vella, Itziar González, decidió relevar a Lozano como jefe de los servicios técnicos -una responsabilidad clave en un distrito, puesto que puede adjudicar licencias- meses antes, aunque su traslado a Urbanismo no se llevó a cabo hasta junio de 2008. Y en esos servicios estuvo hasta el pasado mes de marzo, cuando el Ayuntamiento lo destinó al servicio de licencias del distrito de Nou Barris, donde Lozano prestaba servicio cuando fue detenido el pasado martes.

Ningún responsable municipal aclaró por qué Lozano fue trasladado a Nou Barris y se le mantuvo en esa área concreta si conocían el anónimo que le relacionaba con Quílez y además sabían que los Mossos le estaban investigando. No es la primera vez que un funcionario judicial bajo sospecha es trasladado y ejerce parecida función en otro distrito. Ya ocurrió precisamente con el funcionario Manuel Martínez, que estuvo en Ciutat Vella hasta 2001, cuando fue trasladado al Eixample por "anomalías". Y fue allí donde volvió a reincidir, hasta tal punto que también está imputado en el caso de los prostíbulos y estuvo en prisión por ello.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 17 de diciembre de 2009.

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