De nuevo, la Justicia

La pasada semana realizaba algunos comentarios sobre la imputación del senador y secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera. Destacaba, fundamentalmente, que la falta de suplicatorio por parte del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla -imprescindible legalmente para practicar esta citación- no era ni mucho menos, como pretendía hacer llegar el PP a los ciudadanos, un privilegio tras el que se pudiera esconder este senador.

Antes al contrario, sostenía entonces que la petición del suplicatorio es una garantía del Estado de derecho pues impide que uno de los poderes del Estado pueda invadir injustificadamente el espacio de otro. Pues bien, en los últimos días, algunos medios han dado a conocer con prudencia y cierto sigilo que la titular del citado juzgado padece ciertos desequilibrios y se han adoptado algunas medidas de orden judicial, entre ellas el internamiento psiquiátrico y el alejamiento de sus hijos. Sin duda, lo primero que hay que desear es una pronta recuperación de su salud. Pero también hay que decir otras cosas. Entre ellas, que es probable que esta situación de desequilibrio nada tenga que ver con el error sufrido en relación con la omisión del suplicatorio como tampoco en la forma de llevar el juzgado en otros asuntos, en los que nada más y nada menos se conoce del honor, de la dignidad y de la libertad de las personas.

Igualmente es probable también que realmente no exista ninguna causa judicial contra ella. No sería la primera vez. No hay más que recordar el caso del ciudadano canario que en unos días ha pasado de tener cara de asesino en algunos periódicos y televisiones -en algunos más que en otros- o ese padre alejado de su hija pequeña por presuntos abusos cuando las heridas que sufría en el ano no eran otra cosa que fruto del rascarse por padecer lombrices.

Y entiendo que, en uno y otro caso y en tantos otros, partiendo de una cultura democrática deberíamos optar por la presunción de inocencia. No es de razón que en una sociedad en la que la presunción de inocencia tiene carta de naturaleza constitucional se condene sin pruebas y sin juicio por la mera imputación o, sencillamente, por el hecho de una detención. No es de razón ni de justicia que pasemos sin solución de continuidad de la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Menos todavía que mediáticamente se destaquen unos -caso del senador sevillano- y se silencien otros -caso de esta magistrada-, cuando ambos son relevantes, aunque por distintas razones. En el caso del senador, por el atentado que supone a la división de poderes. En el caso de la magistrada, por la falta de control legal que permite a los jueces administrar justicia sin que exista un mecanismo que permita diagnosticar previamente una aptitud física y mental suficientes para esta tarea constitucional. El hecho de aprobar unas oposiciones no creo que arroje una presunción de salud y unos conocimientos hasta la jubilación. Son situaciones que, de nuevo, reflejan las carencias de un sistema -el judicial- que continúa sin avanzar en la medida que exige una sociedad que, entre sus valores fundamentales, está la Justicia.

Mucho se podría seguir diciendo de estas situaciones que, por su repetición, han dejado de ser anécdotas en una sociedad y en un sistema que piden un cambio radical. Un cambio que para que opere exige un intento por parte de todos los grupos políticos de llevar a los ciudadanos una cultura democrática que no permita transformar la citación de los ciudadanos como imputados en un juicio de culpabilidad, sino que la sospecha venga tras una valoración y ponderación judicial de los hechos atribuidos. También con un intento de llevar a la Justicia los valores y avances sociales que nos hemos dado, sin que intereses de grupos la desdibujen hasta perder su auténtico sentido.