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'Egunkaria'

Hoy se inicia en la Audiencia Nacional la vista oral del juicio por el caso Egunkaria, en el que el director y varios miembros del consejo de administración del clausurado diario se enfrentan a penas de prisión de hasta 14 años. Es curiosa la facilidad con la que la Justicia española archiva algunos sumarios (Camps, Botín, etc.), mientras que otros se eternizan a la espera de su resolución definitiva.

En este segundo apartado habría que situar lo ocurrido con Euskaldunon Egunkaria. El cese de actividad del único periódico en euskara fue decretado el 20 de febrero de 2003 por el juez Juan del Olmo, al observar una presunta relación del rotativo con ETA. Lo que en un primer momento fue presentado como un segundo caso Egin, fue desinflándose paulatinamente cual si del globo de Falcon Heene (el niño de Colorado) se tratara. De hecho, a finales de 2006 el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, solicitaba el archivo de la causa, al no encontrar indicios que vinculasen a esta publicación con la organización terrorista. A falta también de acusación particular, las diligencias únicamente han sobrevivido gracias a la acción popular ejercida por la AVT y Dignidad y Justicia.

Aunque parecía que el Tribunal Supremo estableció en el caso Botín la doctrina de que ante la ausencia del fiscal y del acusador particular lo aconsejable era el archivo de un proceso, el precedente del juicio contra Atutxa, Knörr y Kontxi Bilbao permite esperar cualquier desenlace en la vista que hoy se inicia.

El asunto Egunkaria vuelve a poner de actualidad el siempre preocupante tema del cierre de medios de comunicación. El franquismo persiguió a la prensa díscola hasta los últimos estertores del régimen. Así lo atestigua la clausura del diario Madrid en una fecha tan tardía como 1971, con voladura de su edificio incluida.

Al Gobierno de José María Aznar le corresponde el triste honor de haber asistido a la suspensión de dos cabeceras, primero Egin, en 1998, y luego el mencionado Egunkaria. Como a menudo los extremos se tocan, los medios han sido objeto de atentados de muy diverso signo. El propio EL PAÍS, al igual que la revista El Papus sufrieron el ataque mortal de la ultraderecha durante la Transición. Por otro lado, no hace aún ni un año que ETA colocaba una bomba ante la sede bilbaína de EITB, sólo unos meses después de hacer lo mismo contra la rotativa de El Correo.

La libertad de información es uno de los pilares de cualquier democracia. Siempre será condenable que el terrorismo actúe contra la prensa, pero que la iniciativa de los cierres parta desde los poderes del Estado, con independencia de las posibles responsabilidades penales en las que determinados individuos hayan podido incurrir, nos hace retrotraernos a tenebrosos tiempos pasados que ya creíamos felizmente superados. Bastante tienen los pobres periódicos con sobrevivir a la que está cayendo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 15 de diciembre de 2009.

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