El PP presenta una propuesta que jubilaría a Gayoso en tres meses

Las cajas de ahorro gallegas tendrán nuevos órganos de gobierno en marzo si sale adelante la propuesta presentada ayer por el Partido Popular. Sus 44 enmiendas a la Lei de Caixas quieren modificar 23 artículos del borrador inicial del BNG y fulminar la composición de las actuales asambleas y consejos. El texto propone que el límite de edad de los consejeros generales, directores y representantes de las cajas en fundaciones y sociedades participadas sea de 70 años, cinco menos que ahora. El presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que con la ley actual tendría que abandonar la asamblea de la caja el próximo junio (tiene 78), podrá ver adelantada la fecha si, como quiere el PP, la reforma entra en vigor en enero. Sólo si Facenda quiere podría autorizar, "previa petición razonada", que el actual presidente de la caja viguesa continuase al frente de alguna fundación dependiente de ella, según las disposiciones transitorias. Una salida que el propio Gayoso habría barajado y que ahora dependerá de la Xunta.

El PP imprime con sus enmiendas un poco más de presión en la caja de Vigo, por ahora contraria a una fusión con Caixa Galicia. Lo hace proponiendo cambiar el equilibrio de poder en los órganos de decisión, de modo que los grupos representados en el Parlamento ocupen entre el 20% y el 30% de los puestos en las asambleas y los consejos.Aunque el PP no se cansa de repetir que no aumentará la politización de las cajas, su modelo atribuye al Parlamento la designación de entre 32 y 48 miembros en las asambleas (de 160 miembros), dependiendo de si la caja en cuestión tiene entidades fundadoras, como Caixanova, o no las tiene, como Caixa Galicia. En el primer caso, la Comunidad Autónoma designaría al 20% de los representantes y en el segundo, al 30%. Lo hará en detrimento de impositores (ahora ocupan el 40% de los puestos y pasarían a decidir el 30%), corporaciones locales, que rebajan en un 5% su presencia, y las citadas entidades fundadoras (ayuntamientos y diputaciones). Todo en el marco de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA), que limita la presencia pública al 50%.

Se establecerá un nuevo equilibrio que, según el portavoz económico del PP, Pedro Puy, "hay que negociar", con el resto de los grupos políticos en lo que queda de este mes, ya que se espera que el Parlamento apruebe el texto el día 30 y su entrada en vigor se produzca en enero. Una manera de diluir la sensación de que se trata de una norma ad hoc para forzar el relevo de los consejos actuales y facilitar el camino a una fusión entre ambas. "No debemos mirar únicamente al presente", insistió el portavoz del grupo parlamentario del PP, Manuel Ruiz Rivas: "Las cajas son las menos politizadas de España y van a seguir siéndolo", añadió. Su propuesta deja la representación pública en manos de "personas con conocimientos o experiencia en materia económica", que no ostenten cargos de designación política ni mandatos representativos.

Si las enmiendas del Partido Popular se aprueban tal y como fueron presentadas ayer, las cajas tendrán dos meses desde la publicación de la ley para elegir nuevas asambleas. La limitación de edad permitiría seguir en el cargo al presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela (tiene 68) y a su director general, José Luis Méndez, (64). En Caixanova, además de la salida del presidente, Julio Fernández Gayoso, no podría continuar Alfonso Zulueta, vicepresidente segundo, aunque sí el director general, José Luis Pego.

La representatividad de otras entidades sociales aumentaría sensiblemente, hasta el 10% frente al actual 7,5%, pero con nuevos protagonistas. El CES designará a una cuarta parte del total, la Confederación de Empresarios a otro 25% y la mitad restante la determinaría la Consellería de Facenda.

Las enmiendas "endurecen", según Pedro Puy, el régimen de incompatibilidades, de forma que los miembros de los órganos de gobierno no estén vinculados a la caja o a sus empresas en más de un 20% "por contratos de obra, servicios o suministros", con la excepción lógica de los trabajadores. También tiene una mención expresa a que la Xunta podría votar acuerdos bajo el paraguas del Sistema Institucional de Protección regulado en el FROB.

Los socialistas gallegos también presentaron ayer sus enmiendas, un total de 74, que tocan prácticamente todos los artículos de la propuesta del BNG. Su portavoz, Xaquín Fernández Leiceaga, cree que buscar consenso "es básico" para que la ley nazca con vocación de permanencia. El PSdeG propone que la representación autonómica se sitúe entre el 13% y el 21%.