El Parlamento solicita parar las obras de la cárcel de Nanclares por un fallo del PSE

El Parlamento aprobó ayer una resolución por la que insta al Gobierno central a que paralice la construcción de la cárcel de Zaballa, en Iruña de Oca, para poder realizar un estudio de impacto ambiental. Las obras han comenzado este mismo año sin el correspondiente informe medioambiental, un hecho que llevó a la Diputación de Álava a pedir la paralización de la construcción ante el Tribunal Supremo. Éste denegó la petición por considerar urgente la construcción de las instalaciones aprobadas por el Gobierno central en noviembre de 2008.

La cárcel, un complejo de 720 celdas con un presupuesto de cerca de 100 millones de euros, se está construyendo enfrente de la actual prisión de Nanclares de la Oca, en una zona de los montes de Vitoria de interés medioambiental, tal y como manifestaron varios parlamentarios. La iniciativa partía de una proposición no de ley de EA, que pedía, además de la suspensión, la transferencia de la competencia de prisiones al País Vasco. Sin embargo, el pleno aprobó la enmienda a la totalidad de UPyD, respaldada por PNV, EB y Aralar, debido a que dos parlamentarios del PSE se equivocaron al votar a favor y abstenerse, respectivamente. De no haberlo hecho, la mayoría de la Cámara habría respaldado la enmienda de propio PSE en la que se mostraba respeto a la decisión judicial y se recalcaba la necesidad de las transferencias de sanidad y educación en las prisiones.

Peajes de la A-8

Por otro lado, la Cámara vasca solicitó a la Diputación de Vizcaya que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el canon del peaje en la autopista A-8 entre Basauri y Guipúzcoa. El texto, consensuado entre PP, PSE, Aralar y EB, insta además a la Diputación vizcaína a "resarcir a los ciudadanos de las consecuencias" de la decisión judicial. La iniciativa partió del PP, que pedía la devolución de los peajes entre 2003 y 2007, un aspecto que finalmente no se aprobó. En la votación, que se realizó por puntos, el PNV se opuso a que se solicitara resarcir a los usuarios de las consecuencias de la nulidad.

La Cámara vasca no pudo sacar adelante una declaración institucional con motivo de la celebración del día internacional de los Derechos Humanos por la diferencia de criterios a la hora de elaborar un texto con referencias a la violencia en Euskadi. El PSE se acusó a PNV y Aralar por dificultar la aprobación de un texto que contenía alusiones directas al terrorismo de ETA en vez de uno más general.