San Fernando reclama dimisiones

Más de 2.000 personas participaron ayer en una movilización que tenía como principal objetivo reclamar responsabilidades políticas por la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal de San Fernando (96.155 habitantes). A la convocatoria, que superó las previsiones de los organizadores, se sumaron más de 30 colectivos.

La protesta recorrió las principales calles del municipio gaditano con pancartas y mensajes como "¡Alcalde, dimisión!", "¡Nos han robado!" y "¿Dónde está nuestro dinero?". Esta manifestación se ha celebrado cuando ya se ha levantado el secreto de sumario sobre el caso y cuando siguen produciéndose declaraciones en los juzgados. Ayer declararon dos funcionarias y hoy lo harán el interventor y la tesorera municipal.

La Policía cree que el robo se habría evitado con unos mínimos controles

Fue en abril de este año cuando se conoció públicamente la desaparición del dinero. La investigación policial y judicial ha permitido encontrar indicios para ordenar el encarcelamiento del cajero municipal, Clemente Ruiz, al que se apunta como el autor material del robo, y a la imputación de su compañera más cercana, María José Lebrero, quien está en libertad con cargos. Las indagaciones han permitido descubrir que creó una herramienta informática, unas hojas de caja, con las que presuntamente pudo disimular durante años la falta de dinero en metálico mientras él sustraía cantidades que iban desde los 500 a los 45.000 euros diarios.

La Policía, en un informe recogido en el sumario, ha concluido que ese robo no se habría producido si en la caja hubiesen existido los mínimos controles de seguridad. Las declaraciones de las dos funcionarias, que actuaban como auxiliares en la caja, han servido para corroborar que desde hace años se detectó que existía un descuadre de más de siete millones de euros. Pero, a pesar de declaraciones anteriores, ayer no quisieron responsabilizar al interventor ni a la tesorera.

Las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la caja han hecho girar las miradas a los técnicos inmediatamente superiores a los imputados, el interventor y la tesorera. Hoy ambos están citados en el juzgado, al igual que la funcionaria imputada, María José Lebrero. En sus declaraciones previas han incurrido en varias contradicciones que ahora la juez quiere aclarar.

La manifestación de ayer concluyó con la lectura de un comunicado frente al Ayuntamiento. El portavoz de la plataforma convocante, Manuel Pareja, anunció que, si no se toman medidas, habrá más movilizaciones. Durante la protesta se reclamó la dimisión del alcalde, Manuel María de Bernardo, y de la edil de Hacienda, Mercedes Espejo, del Partido Andalucista. También se exigen responsabilidades a su socio de gobierno, el PP, al que acusaron de guardar un "silencio cómplice".