CEAR denuncia supuestas torturas a inmigrantes en Valencia e Interior lo niega

Un informe elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recoge "evidencias graves de malos tratos y torturas en los centros de internamiento de extranjeros de Valencia y Madrid". En el caso de las instalaciones de la calle de Zapadores de Valencia "de las alrededor de diez situaciones" en que los internos han descrito golpes o malos tratos, "en al menos dos casos existen evidencias concordantes de torturas por al menos tres versiones cruzadas independientes, coincidentes no solo en forma y fondo, sino en detalles que difícilmente podrían saberse de no haber sido la persona testigo de la experiencia".

Esta conclusión es el resultado de una investigación europea destinada a supervisar los centros de internamiento, en los que se retiene a inmigrantes indocumentados un máximo de 40 días -70 con la nueva Ley de Extranjería- antes de ser deportados.

Las dos presuntas agresiones sucedieron el pasado agosto

El Ministerio de Interior anunció ayer que no tuvo constancia "de la existencia" de las supuestas agresiones cometidas en Valencia por parte de un agente de la Policía "ni se interpuso denuncia alguna". Además, señaló que "no se ha podido acreditar ni tan siquiera la existencia de los episodios denunciados".

Por su parte, el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, señaló que con respecto al centro de Valencia, con capacidad para 156 personas, no hay "nada que ocultar" y añadió que "resulta sinceramente ofensivo para el funcionamiento del sistema", hablar de torturas.

"Hay suficientes indicios [de torturas] en dos casos: el domingo 9 de agosto de 2009; y el 11 o 12 del mismo mes", señaló ayer la coordinadora de CEAR-País Valencià Sara Verdú.

La primera agresión, según el informe, se produjo el domingo 9 de agosto pasado hacia medianoche, cuando se registró "un episodio de castigo colectivo a los internos [seis] de la habitación 17 a cargo de un agente de policía masculino, con una agente como testigo". El funcionario "es descrito por varios testigos como de estatura media, corpulento, con el pelo rapado, perilla, cejas rubias y ojos claros".

Unos días más tarde, el 11 o 12 del mismo mes de agosto -los testigos consultados no pudieron precisar con exactitud la fecha- "el mismo funcionario de policía infligió torturas a dos internos que se encontraban en la habitación 3 leyendo el Corán". La paliza "dejó hematomas y problemas de movilidad en ambos, que pudieron ser vistos por la mayoría de internos del centro en el desayuno, según testimonios de personas de diferentes habitaciones", recoge el informe.

El presunto agresor accedió a hablar con CEAR, aunque "se negó en la entrevista a dar su nombre y su placa" y sólo facilitó "información anodina".

Las dos situaciones descritas sucedieron 15 días antes de la visita de CEAR a las dependencias policiales de Zapadores, enmarcada en el estudio europeo Devas que el Servicio Jesuita a Refugiados inició en 2008 con financiación del Fondo Europeo para los Refugiados de la Comisión para conocer la situación de los centros de internamientos en 23 países de la Unión. Entre el 17 y el 20 de agosto, esta entidad humanitaria entrevistó a 35 extranjeros y 25 trabajadores del centro de Zapadores.

Dado que los internos, todos ellos personas sin documentación, permanecen hasta 40 días retenidos y que casi todos los agredidos fueron expulsados en los días siguientes, "es imposible saber desde cuándo se vienen sucediendo este tipo de prácticas".

Los resultados de la investigación se remitieron a la Secretaría de Estado del Ministerio de Interior. Ayer mismo, este departamento anunció una investigación "para determinar la existencia de responsabilidad penal o disciplinaria por parte de algún funcionario".

El informe no sólo recaba estos presuntos casos de agresiones. También relata diversas irregularidades, como hacinamiento en las celdas, la ausencia de inodoros que obliga a los internos a usar botellas de agua vacías para hacer sus necesidades por la noche, falta de intimidad en baños, humedades en diferentes habitaciones o ausencia de luz natural.

También se han detectado "zonas grises" en la videovigilancia, como en baños, habitaciones u otras dependencias; así como la imposibilidad de los internos de tener acceso directo al fiscal o al juez o la posibilidad de solicitar asilo.

CEAR pidió ayer el desmantelamiento y cierre del centro, un auténtico "agujero negro del Estado de derecho" en el que, además de agresiones, existen celdas de aislamiento "a pesar de no tratarse de un centro penitenciario".