Los talleres ocupacionales dejan sin trabajo a 450 disminuidos psíquicos

Vicenta Ferrer se quedó sin trabajo el mes pasado. Sin trabajo y sin su mejor terapia desde hace nueve años. Como en tantas empresas, el vendaval de expedientes de regulación de empleo, los tristemente famosos ERE, llegó también a la suya y destruyó 44 empleos. Pero lo peor es que sus jefes se dedican precisamente a crear puestos de trabajo para personas que no pueden incorporarse al mercado laboral convencional. La crisis azota también a los centros especiales de trabajo, donde 7.500 personas con discapacidades intelectuales llevan a cabo labores de embalaje, montaje y etiquetaje. En Cataluña, cinco expedientes de regulación de empleo han mandado a casa, temporalmente o de manera definitiva, a unas 450 personas con discapacidad igual o superior al 65%.

"Al principio me asusté un poco por estar en el paro, pero luego vi que no era para tanto", señala Vicenta. Como todos sus compañeros del Taller Escola Barcelona de Castellar del Vallès, Vicenta, de 32 años, sigue yendo al centro, pero no a trabajar. En el servicio de inserción de la empresa -donde se forman las personas con discapacidades intelectuales que todavía no están preparadas para trabajar- hace actividades que mejoran su autonomía personal.

Expresión corporal, horticultura, informática, conocimiento del entorno y ejercitación de la memoria son algunas de las clases que recibe para "mantener sus capacidades productivas y no perder el ritmo", explica Pilar Altarriba, coordinadora del área social. Lo importante es que los trabajadores no se encierren en su casa. Las relaciones con los compañeros son básicas para estas personas, por eso la mayoría de los centros especiales de empleo tratan de recolocar a sus empleados en servicios ocupaciones y asistenciales.

En 2008, la sede que la empresa de Vicenta tiene en el barrio de Sant Andreu de Barcelona hizo un ERE temporal que afectó a 39 trabajadores. Este año, la regulación ha afectado a unos 200 empleados, que se han quedado sin trabajo. La plantilla estaba formada por 288 personas.Can Serra, otro centro especial de empleo, tuvo que despedir a 11 trabajadores con discapacidades psíquicas. En la empresa Icaria la crisis ha podido con toda la plantilla -formada por 42 personas- y Can Ensenya se ha visto obligada a echar el cierre. En la Fundación Ramón Noguera han solicitado un ERE para 26 trabajadores, de un total de 223, que el Departamento de Trabajo todavía no les ha aprobado. 'Nos encontramos en una situación muy crítica porque somos entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo es generar empleo', alerta Loli Saballs, coordinadora de la Plataforma de Centros Especiales de Empleo de Cataluña, que agrupa a 112 empresas de este tipo. El Gobierno central, a través del Instituto Nacional de Empleo, subvenciona la mitad del salario mínimo interprofesional de los trabajadores con minusvalías psíquicas. 'Pero las subvenciones están congeladas desde 1985', advierten en la plataforma. En Cataluña, estas entidades sólo reciben una ayuda de 12.000 euros por cada nuevo puesto de trabajo que obligue a comprar maquinaria. Los expedientes de regulación de empleo han hecho saltar las alarmas y han obligado a las administraciones a mover ficha. Las soluciones, por ahora, son sólo medidas de choque. Este año, los centros especiales de empleo catalanes recibirán del Departamento de Trabajo una bonificación de 873 euros anuales por trabajador. Además, el Senado tramita un aumento de la subvención a estas empresas: el objetivo es pasar del 50% al 75% del salario mínimo hasta 2011. Saballs celebra la comprensión de las administraciones, pero advierte del peligro de los parches, 'que son pan para hoy y hambre para mañana'.