"El primer debate es la mayor eficiencia"

El coste de los servicios sociales ha sido colocado en el primer plano de la agenda política con el aldabonazo del diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, sobre las previsibles dificultades futuras para financiarlo. Y es que la disminución en torno a un 19% de la recaudación fiscal y el aumento de las necesidades propiciado por la crisis abre el debate sobre la sostenibilidad del modelo de ayudas sociales diseñado en tiempos de crecimiento económico. Fernando Fantova, viceconsejero de Asuntos Sociales, subraya que, más que plantearse nuevos impuestos, la cuestión esencial es en estos momentos conseguir una gestión eficaz y coordinada por parte de todas las instituciones.

"Primero hay que evitar duplicidades, confusiones y descoordinaciones"

"El fraude en este ámbito es relativamente pequeño"

Pregunta ¿El debate de los servicios sociales es nuevo?

Respuesta. Es actual, pero ya lleva unos años encima de la mesa. Un hito como fue la aprobación en 2008 de la Ley de Servicios Sociales y el hecho de que tengamos que desarrollarla nos coloca en un momento especial del debate, que por la crisis económica se ve teñido de colores más preocupantes. Pero el contexto de repensar el sistema lo sitúo en las últimas décadas, con el crecimiento de servicios sociales y con el cambio social producido en los últimos años.

P. ¿Y en qué situación se encuentran los servicios sociales?

R. Hay muchas más personas con limitaciones en su autonomía y una menor disponibilidad en el ámbito familiar y comunitario para atenderles. Necesitamos más servicios, porque la sociedad está cambiando. Y al crecer este ámbito, al igual que crecieron antes otros, se genera un debate sobre cómo hacerle frente.

P. La impresión es que los servicios sociales no pasan por su mejor momento.

R. Estamos creciendo y necesitamos crecer mucho más. La sociedad necesita que los servicios sociales tengan una envergadura y un peso igual al que ya tienen la sanidad, la educación y las pensiones.

P. ¿Cómo se va a afrontar ese crecimiento, teniendo en cuenta el toque de atención dado por las diputaciones?

R. El reto del desarrollo de los servicios sociales corresponde tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones y al Gobierno; las tres instituciones tenemos importantes responsabilidades. El primer debate es la mejora de la estructuración de los servicios, la mayor eficiencia en el gasto y la evitación de duplicidades, confusiones y descoordinaciones. Una vez que la propia administración haga los deberes, es cuando debe plantearse un debate más amplio y social: en qué medida se financiarán estos servicios a través de los impuestos y a través de las aportaciones de los propios usuarios.

P. ¿Se refiere a desarrollar el copago más que a la creación de un fondo independiente para los servicios sociales?

R. Tenemos que dar muestras de que nos apretamos el cinturón. Después, tenemos que hablar de lo que pedimos a la ciudadanía a través de impuestos o del pago de servicios. Todo sistema público de servicios necesita de aportaciones de impuestos en segunda instancia, en función de las posibilidades del usuario. La Ley de Servicios Sociales asume el copago. Ahora tenemos que definir a qué aspectos aplicarlo y en qué medida. Este curso estamos trabajando en el decreto regulador de la participación económica de las personas usuarias.

P. ¿Existe la percepción de que se está pagando demasiado?

R. La Ley de Servicios Sociales se aprobó en el Parlamento con un alto consenso. La ley vasca de Garantía de Ingresos y la ley de Dependencia recogen prestaciones económicas. Entendemos que son leyes en revisión, perfeccionamiento y corrección. En términos generales, creemos que son ayudas adecuadas y aceptadas.

P. Pero, además de aceptadas, ¿son sostenibles?

R. La sostenibilidad del sistema es fruto del ejercicio democrático de la política y las decisiones institucionales. Es una cuestión de consenso. Lo hay en sanidad: cuesta tanto; en educación: cuesta tanto. Pues aquí pasa igual. Es un modelo consensuado, más garantista que el anterior. En el presupuesto para 2010, para todas estas prestaciones hay 60 millones más.

P. Pero se dan casos en los que se gana más sin trabajar, recibiendo las ayudas sociales.

R. Hay una ley que dice cuál es el mínimo de subsistencia que esta sociedad debe garantizar a todos sus ciudadanos, nosotros tenemos que garantizarlo. No se trata de disminuir las cuantías que se dan en la renta de garantía de ingresos (RGI) para que sean más bajas que los salarios bajos, se trata de decir cuál es el mínimo y cubrirlo. Entre los perceptores de RGI, un 40% de las personas que tienen ese derecho lo reciben como apoyo a su salario; otro 15-16%, como complemento a su pensión, y otro 40% la recibe completa porque no tiene ingresos.

P. ¿Hay herramientas suficientes para evitar el fraude?

R. El fraude es relativamente pequeño. Estamos trabajando en la mejora del sistema para corregir esa bolsa, pero ocurre con las recetas en Osakidetza, las becas en educación... Es un error pensar que en este sistema hay más fraude que en otros.

P. ¿Lanbide, el futuro Servicio Vasco de Empleo, tiene que gestionar los servicios sociales?

R. Cuando recibamos la transferencia de las políticas activas de empleo podremos coordinar el sistema en un único organismo en lugar de en tres. Además, nos permitiría trabajar directamente con los perceptores de prestaciones económicas que pueden volver al mercado de trabajo para facilitarles el acceso al empleo. Ha habido una forma de gestionar que ha permitido paliar situaciones de pobreza; el siguiente reto es centralizar, coordinar y unificar en un único organismo. No va a haber un cambio en los servicios sociales, pero el Gobierno tendrá sus competencias en el ámbito de Lanbide y vamos a buscar una mayor coordinación para no duplicar las funciones y conseguir ser más eficientes.

P. Con el retraso del traspaso de las políticas de empleo, ¿dónde queda esa intención?

R. No se retrasa, porque para poder modificar la forma de gestionar las prestaciones de RGI, hay que modificar la ley. Va a ser un proceso en paralelo con la negociación de la transferencia, que confluirá perfectamente.