Horizontes de reforma

Una significativa mayoría de ciudadanos cree que la Constitución aprobada hace 31 años necesita cambios, pese a reconocer que ha garantizado el más largo periodo de estabilidad política de la reciente historia de España. Antes de apresurarse a interpretar estos datos como argumento en favor de la reforma, que es una posibilidad que la propia Constitución prevé y que, por tanto, no se puede ni se debe rechazar, habría que considerar si la dureza del debate político durante demasiados años no estaría favoreciendo este estado de opinión.

Porque si éste fuera el caso, tal vez no se tratara de una simple mayoría favorable a la reforma constitucional; se estaría, por el contrario, ante una expresión de malestar ciudadano por la aspereza del debate político que, eso sí, confiaría en la reforma constitucional como solución. Seguramente quimérica, puesto que las formas broncas y muchas veces apocalípticas que se han impuesto en la vida pública no son resultado de uno u otro contenido de la Constitución, sino del uso que se ha venido haciendo de las instituciones y libertades que establece.

La oleada de reformas estatutarias, con la sensación de que han seguido rumbos dispares y en ocasiones contradictorios entre unas y otras autonomías, parece haber generado la convicción de que ha llegado el momento de que una modificación del texto constitucional restablezca la coherencia del sistema, ya sea blindando las competencias centrales y aclarando algunas ambigüedades calculadas, ya reconsiderando los márgenes de autogobierno para dar cabida a los nuevos Estatutos. Fuera cual fuese la dirección que se impusiera en el supuesto de que finalmente se optara por la reforma, el riesgo que habría que conjurar en cualquiera de ambas alternativas sería erosionar el principal valor de la Constitución, que es no haber servido de instrumento a ningún partido ni opción política. Una reforma que convirtiera la Constitución en baluarte de las visiones más centralistas sería tan arriesgada, y tan rechazable, como otra que hiciera de ella un texto residual frente a las disposiciones de los Estatutos.

Desde el punto de vista de la estricta técnica jurídica, y, en último extremo, de la convivencia, nada peor que promover la reforma de una norma partiendo de imperativos ideológicos y no de una constatación pragmática de los problemas que no soluciona, mucho más cuando se trata de una Constitución. Argumentos como el de que el texto de 1978 debe ser reformado sólo porque han transcurrido 31 años desde su aprobación no son, así, de recibo. Como tampoco el de que debe reflejar la unidad o la pluralidad de España, salvo que se especifique en qué aspectos concretos el texto actual ha sido disfuncional para garantizar una y otra a través de la fórmula del autogobierno pactada entre todos.

Hace demasiado tiempo que en España se pretende hacer política con las instituciones, cuando, en un sistema democrático, se trata de hacerla dentro de ellas.