Afer reclamará a Vizcaya una indemnización de 300 millones

El enfrentamiento de Afer con la Diputación de Vizcaya va a tener nuevos capítulos. El grupo empresarial está decidido a reclamar judicialmente a la institución que preside José Luis Bilbao una indemnización de 300 millones de euros tras frustrarse el proyecto de su fábrica de pisos en serie en Alonsotegi.

Esta cantidad ha sido determinada por la consultora CAP Gemini, que en una auditoría ha valorado el volumen de negocio previsible de la empresa Habidite (la filial de Afer creada para impulsar la novedosa factoría) entre 295 y 350 millones de euros. Los datos han sido entregados a los administradores concursales que gestionan Iurbernor (otra sociedad participada por Afer), que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado septiembre.

Jabyer Fernández intentó buscar una salida con Urkullu y Andoni Ortuzar

La demanda judicial fue anticipada en septiembre por Habidite, cuando mandó un requerimiento formal a la Diputación de Vizcaya para que cumpliera los tres convenios firmados entre ambas partes en diciembre de 2006, cuando sus relaciones eran idílicas. El primero suponía el compromiso de la Diputación de poner los terrenos a disposición de la empresa en diciembre de 2007 y los otros dos obligaban a la institución foral a comprar 1.500 pisos fabricados en la planta y a subvencionar la formación de la plantilla y la investigación del proyecto.

Los plazos nunca han llegado a cumplirse porque la Diputación no ha comprado la totalidad de las 25 hectáreas de los terrenos previstos en Alonsotegi. Según los últimos datos ofrecidos, cuenta con el 63% de los terrenos, cerca de 16 hectáreas. La institución foral lo ha achacado a la negativa del dueño principal del suelo (posee ocho hectáreas) aunque hay una decena de propietarios que tampoco han vendido. El requerimiento fue enviado a la Diputación el 17 de septiembre exigiendo el cumplimiento "inmediato, exacto y completo" de los convenios, y hasta ahora no hay respuesta, según las fuentes consultadas por este diario. El plazo concedido es de seis meses, por lo que en marzo (si, como parece previsible, no recibe una respuesta satisfactoria) Habidite presentaría su demanda multimillonaria en los tribunales.

En el requerimiento de septiembre se exponía el "grave perjuicio" para la empresa que suponía la "paralización unilateral" de los convenios. Aseguraba que ha tenido que asumir "importantes gastos, costes e inversiones", a lo que unía el "daño moral y el menoscabo en la imagen de Jabyer Fernández [el presidente de Afer], sin olvidar el lucro cesante derivado del retraso".

En abril pasado se desató públicamente un episodio sin precedentes en las relaciones entre las administraciones y las empresas en Euskadi. El grupo empresarial Afer acusó la segunda administración vasca más importante, la Diputación de Vizcaya, de querer "acabar" con la constructora, tras anunciar la rescisión de cuatro contratos de obras por 35 millones. Fernández dijo que era "una persecución personal" de José Luis Bilbao, quien eludió la polémica y se ha centrado en justificar las rescisiones de las obras por los incumplimientos de Afer. Bilbao ha dicho que el único problema en este caso es la deuda fiscal de Afer de 43 millones de euros por el impago del IVA de una operación urbanística en Barakaldo.

Con este asunto se desató el enfrentamiento, ya que Fernández pidió un aplazamiento de la deuda (un trámite habitual en muchas empresas, ya que sólo el pasado año la Hacienda vizcaína concedió 7.000 aplazamientos de pago) al alegar que utilizó los 43 millones para pagar a sus acreedores. Pero Hacienda la rechazó al ver injustificada la falta de tesorería.

Medios consultados confirman que a principios de año Fernández se reunió con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, el líder de Vizcaya, Andoni Ortuzar, y otro dirigente para buscar una salida, pero la respuesta fue que debía pagar los 43 millones.