Bajo mínimos

No es una peculiaridad andaluza ni un capricho andaluz la deuda histórica. Hay deudas históricas en toda España. El Estado mantiene deudas históricas, o eso dicen los interesados, con Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, las dos Castillas, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid o Murcia, por orden alfabético, maldito Estado de malos servicios públicos. Nadie está contento. Es lo que nos une: el sentido del agravio, mísera España. Si no nos sintiéramos agraviados, no funcionaría la máquina del Estado español. Hemos alcanzado el equilibrio: nadie teme la comparación con el otro a la hora de quejarse y exigir el pago de una deuda histórica.

Pero tampoco es agradable reconocer, casi 30 años después del primer Estatuto andaluz hoy caduco, después de ingentes inversiones o auxilios europeos, después de tres décadas socialistas de imparable Andalucía, que las circunstancias socioeconómicas andaluzas siguen siendo excepcionales y adversas e "impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos de los servicios efectivamente transferidos", la sanidad o la educación, por ejemplo. El Estado, en consecuencia, deberá asignarle a Andalucía un dinero complementario. Esto es lo que establecía el Estatuto de Autonomía de 1981 en su disposición adicional segunda y suavemente repite una perseverante disposición adicional segunda en el nuevo Estatuto de hace sólo dos años, más de un cuarto de siglo después. Pero hablar de burocráticas Disposiciones Segundas no conmueve a nadie, y sonaría a derrotismo decir que aquí aún se vive bajo mínimos, así que le buscaron al asunto un nombre épico, emocionante y sentimental: Deuda Histórica.

En este momento faltan, y no sé cómo lo calculan tan exactamente, 784 millones de euros para que Andalucía alcance el mínimo admisible para vivir, siempre según nuestros dirigentes, que al mismo tiempo opinan que habitamos el mundo ideal que nos merecemos. La época no ayuda, sin embargo, ni siquiera al Estado, que no tiene liquidez, como un común padre de familia, y, a pesar de todo, quiere saldar su deuda, aunque sea en especie, y ha buscado una solución acorde con el carácter de la región, muy inclinada a la especulación inmobiliaria. Pagará con inmuebles. Lo inoportuno es que hoy los bienes raíces, que siempre tuvieron fama de ser una estupenda inversión, han perdido mucho de su prestigio, y parece poco que el Estado ofrezca casi tres millones y medio de metros cuadrados, y todos los tesoros inmobiliarios que dejó la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

La voluntad quizá sea inmejorable, pero engendra confusión. Existe un acuerdo de liquidación de ese dinero extraordinario que solucionará las eternas e incolmables carencias andaluzas, pero no una valoración exacta del patrimonio que supuestamente cubre los 784 millones de euros. Habrá que recurrir a peritaciones, tasadores y mediadores, y entender estas dificultades como ventajas, no como inconvenientes, pues moverán dinero en comisiones, dietas, honorarios, propinas e incentivos. Inyectarán energía económica a la región. Se hipotecarán parcelas y palacios, porque los bancos también tienen derecho a subsistir, y, al final del embrollo, se construirán unos pocos millares de casas más, y se creará trabajo, y funcionarán unas cuantas empresas públicas nuevas, es decir, con dinero público y transparencia privada. Y habrá sido privatizado en su mayor parte lo que fue patrimonio público.

El PP está indignado, porque ahora enarbola lo que llaman deuda histórica con el mismo fervor con que la manejaba el PSOE en los años de Aznar. Pero estoy casi convencido de que un PP gobernante en Madrid y Sevilla podría estar liquidando el asunto a la manera del actual PSOE, y entonces al PSOE le parecería intolerable lo que ahora defiende con heroica falta de fe.