Todo el poder para Evo Morales

Las elecciones de este domingo en Bolivia no son sólo para dar otro mandato al presidente Evo Morales sino para definir cómo será el nuevo Estado. El primer mandatario indígena del país andino no se juega su continuidad en el cargo, éste está sobradamente garantizado, según todas las encuestas. Lo que se juega es la composición de la primera Asamblea Plurinacional, el máximo órgano legislativo nacido de la polémica Constitución de corte indigenista aprobada en enero de este año. El partido del gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), que ya en su primera etapa tuvo el control sobre la Cámara baja, lucha por lograr la mayoría de los dos tercios que necesita en el Senado para sacar adelante todas las leyes que le permitan forjar un país a su medida.

La oposición critica al Gobierno por usar los recursos públicos para su campaña

En La Paz, casi todos aprueban la política de inclusión social de los indígenas

Las principales instituciones democráticas bolivianas son hoy inexistentes o están incompletas. No hay un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la Fiscalía General y el banco central están manos de interinos. La Corte electoral está diezmada y sobrevive bajo el fuego cruzado del Gobierno y la oposición. Todo este vacío de poder institucional es el que el Gobierno espera ocupar tras las elecciones.

Aunque hay similitudes entre el estilo de Morales y el de su homólogo venezolano Hugo Chávez, lo cierto es que la carrera del ex dirigente sindical cocalero se asemeja más a la de su par ecuatoriano Rafael Correa. Aprovechó el descontento popular por los partidos tradicionales para ganar las elecciones de 2005, afianzó su poder con un referéndum sobre su gestión en 2008, hizo una nueva Constitución que le garantiza la reelección y este domingo le pone la guinda al pastel con el mando del Poder Legislativo.

Morales, de 50 años, no tiene rival en este momento. La oposición boliviana es un crisol de entrañables mercenarios de la política que intentan revivir sus carreras y líderes regionales que buscan una proyección nacional. A pesar de la poca competencia, se han multiplicado las denuncias de la oposición contra el Gobierno por un uso excesivo de los recursos públicos para su campaña y una tenaz persecución política. Ni los observadores de la UE ni de la OEA consultados tienen grandes objeciones respecto al proceso electoral, pero sí ven los varios procesos penales contra el principal binomio opuesto a Morales como una mala señal.

Manfred Villa, ex gobernador de Cochabamba, está acusado de corrupción. Su compañero de fórmula, Leopoldo Fernández, ex gobernador de Pando, está procesado por su responsabilidad en la muerte de 13 campesinos en 2007. Ambos son impopulares y carecen de una propuesta de gobierno. Están a una veintena de puntos en intención de voto por detrás de Morales. El tercero en liza, el empresario cementero Samuel Doria Medina, ha intentado ofrecer una alternativa de centro que no ha calado en la población.

Los procesos judiciales en campaña electoral, sobre todo cuando van contra los rivales del mandatario de turno, siempre son sospechosos en América Latina. Hay países como Chile, Uruguay, Brasil e incluso México donde estas situaciones han desaparecido o casi no se ven. Pero en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, por citar algunos casos, reaparecen con cada convocatoria a las urnas.

"Las campañas en Bolivia ya no pueden consistir en el descrédito de unos y de otros, la oposición pura contra la figura Morales; sino que hay que crear una alternativa válida", explica Oscar Ortiz, actual presidente del Senado y candidato a renovar su escaño por Santa Cruz, la provincia más reacia al poder del MAS. "Si no ofrecemos una alternativa social a la del gobierno nunca superaremos el 40% del voto. Hasta ahora hemos podido frenar los abusos de Morales, pero de ahora en más no se qué sucederá si no construimos una oposición fuerte y creíble", añade.

La popularidad de Morales, al margen de su populismo, es un hecho. En La Paz, bastión del presidente, tanto simpatizantes como críticos aprueban las políticas de inclusión social de los indígenas, que suponen el 62% de la población. Era una deuda pendiente en uno de los países más pobres y socialmente desiguales de América Latina. El 60% de la gente es pobre y la mitad de ellos vive en la extrema pobreza, según el Banco Mundial.

Los indígenas ocupan hoy muchos puestos públicos y participan más en la economía formal. Además, medidas como la entrega gratuita de los certificados de nacimiento o del título secundario han puesto nombre y apellidos a mucha gente que se ha integrado en el sistema estatal. El ascenso del poder indígena es un tema espinoso en Bolivia porque despierta temores de que acabe en un cambio de una elite por otra. Las ideas sobre las leyes que regularán la convivencia con los criollos son ambiguas y muy controvertidas.

El Gobierno del MAS sin duda se ha beneficiado de los altos precios de los hidrocarburos. La nacionalización del sector, añadido al aumento de la presión fiscal sobre las petroleras, le han reportado a Bolivia -que posee las segundas mayores reservas de gas de la región- enormes ingresos. La riqueza ha disparado el crecimiento pero ha generado más de un escándalo de corrupción que ha salpicado a personas cercanas a Morales. En especial el caso del ex presidente de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez, un íntimo del mandatario que fue expulsado del MAS y encarcelado. Morales, que ayer cerró la campaña en un acto multitudinario en El Alto, cerca de La Paz, ha recuperado en los últimos días su retórica más encendida contra la oligarquía, la prensa y una oposición que, según él, pronostica el fraude electoral porque "ya está derrotada".