Garzón investiga el pago de comisiones en unos solares que compró el Incasòl

Las investigaciones del caso Pretoria siguen arrojando actuaciones urbanísticas irregulares en el cinturón de Barcelona. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investiga el pago de comisiones en dos operaciones por las que el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), dependiente de la Generalitat, compró cuatro fincas en Cerdanyola del Vallès y El Prat de Llobregat por 33,2 millones a la inmobiliaria Espais, propiedad del imputado Lluís Casamitjana. Según el juez, en ambas adquisiciones desempeñó "un papel relevante" el hasta ahora gerente de la empresa pública, Emili Mas, a través del ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi, y de Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, ex altos cargos de Jordi Pujol, quienes también están imputados.

El Ejecutivo niega haber pagado comisiones por las adquisiciones

El cargo dimisionario emitió un informe para Santa Coloma como "economista"

Las indagaciones de Garzón siguen extendiéndose alrededor de Barcelona. Según informaron fuentes municipales y confirmó ayer el Incasòl, durante el primer semestre de este año el organismo del Ejecutivo catalán compró dos paquetes de suelo a Espais. Uno está en Cerdanyola y está integrado por tres fincas que suman 18.852 metros cuadrados situadas en una nueva zona de desarrollo de la ciudad, por los que pagó 25 millones de euros. El segundo, de 36.580 metros cuadrados, está en un futuro ensanche residencial de El Prat. El Gobierno catalán abonó 8,23 millones.

Garzón afirma en el auto que, según los nuevos datos de que dispone, Mas facilitó "las relaciones e influencias" que tenía con Luigi, Alavedra y Prenafeta. "Tanto en una como en otra, se produce pago de comisiones", afirma el juez en el auto. Fuentes del Gobierno catalán aseguraron ayer que ambas operaciones son "correctas y legales", y que el suelo fue adquirido "a precios de mercado". Además, negaron que el Ejecutivo catalán haya abonado comisiones a ningún intermediario por estas operaciones.

El Incasòl, dependiente del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y del de Medio Ambiente y Vivienda, explicó en un comunicado que en ambas localidades "surgió la oportunidad de adquirir suelo" y se consideró "positivo", puesto que son zonas "estratégicas e irrepetibles" por su ubicación.

De hecho, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, repitió ayer en varias emisoras de radio que pone "la mano en el fuego" por Emili Mas, que declara hoy ante el juez. Nadal aseguró sentir "tristeza" por la imputación de Mas y afirmó que el caso Pretoria revela que, "más que corrupción", en Cataluña podría haber "blanqueo de dinero, fraude al fisco o tráfico de influencias". Nadal reiteró, además, que en el trabajo de Mas "no hay nada irregular".

Fuentes del mercado aseguran que no hubo pelotazo. La promotora adquirió, por ejemplo, el suelo de El Prat en 2006 por 8,13 millones de euros, por lo que la operación arroja unas plusvalías de 100.000 euros. No obstante, la compra fue un alivio para las filiales de Espais que poseían estos suelos, las cuales se hallaban en una compleja situación patrimonial.

Espais Gestió Integral de Projectes, que operaba en El Prat, al cierre de 2008 se hallaba en causa de disolución, lo cual se solventó, según su memoria económica, gracias a un préstamo participativo de 15,8 millones que dio la matriz. Espais Cerdanyola, en la que también participa la filial inmobiliaria de Caixa Catalunya, estaba en la misma situación en 2007. En ese caso, la empresa de la caja aportó 17,4 millones para solventarlo.La imputación de Emili Mas no sólo se debe a su presunta participación en las operaciones de Cerdanyola del Vallès y El Prat. El auto de Garzón indica que también intervino en una operación urbanística de Santa Coloma de Gramenet, el epicentro de la trama, junto con Luigi y el ex alcalde de la ciudad Bartomeu Muñoz. En esa operación, la Ciba 3, Mas emitió un "informe negativo" a una adjudicación en unos terrenos que ocupaba la industria farmacéutica Ciba, en el frente fluvial de la ciudad, en el que debía haber viviendas, zonas verdes y equipamientos.

El proyecto finalmente se encargó a Gramepark -la empresa pública de servicios que administrará y gestionará la Oficina Antifraude-, lo cual, según el auto, perjudicó a varias empresas que se presentaron al concurso y contra las que había "una clara voluntad de exclusión".

El juez señala que Mas emitió ese informe "como economista", ejerciendo un cargo externo al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, que entonces gobernaba el socialista Bartomeu Muñoz. Esta actividad, recuerda Garzón, es incompatible con el "carácter de funcionario" del Incasòl.

Mas, que ha sido suspendido temporalmente de militancia en el PSC y ha dimitido de su cargo en el Incasòl, había sido anteriormente gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès. Según fuentes cercanas al ex alto cargo, su relación con Bartomeu Muñoz y Luigi proviene de esa época. Pero además Garzón recuerda que Mas fue vicepresidente de Marina Badalona, otra de las sociedades investigadas por la presunta trama corrupta.

Mas ocupaba este cargo como gerente del consejo comarcal, que participa dentro de la sociedad portuaria de Badalona. De allí proviene también su relación con Juan Felipe Ruiz, otro de los imputados y consejero delegado de Marina Badalona. Ruiz, que fue subdelegado del Gobierno central en Menorca, era consejero de la sociedad Badalona Building Waterfront (BBW).

Esta empresa pública adjudicó un solar sin que mediara concurso público alguno. En vez de eso, BBW dio un préstamo de 13,2 millones a Marina Badalona, recién constituida, y meses después se lo cobró con dos solares en el frente marítimo de la ciudad.

Emili Mas también aparecía en el primer auto de Garzón por haber mantenido conversaciones con otros imputados de la trama, entre ellos Luigi y Muñoz, acerca de la presunta emisión de facturas por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma para justificar el empleo de 1,3 millones de euros que procedían de los Fondos de Cohesión y que fueron desviados. Esos contactos se produjeron entre el 16 y el 29 de abril de este año.

Por otra parte, el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, también imputado y en prisión desde el 30 de octubre, abandonó ayer por la noche la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires, tras pagar la fianza. Mas y Ruiz declaran hoy ante el juez. También lo hacen el ex concejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres Antonio Jiménez Gómez y el ex alcalde de la localidad Víctor Ros, del PP.