Otra abogada, condenada a 15 meses por estafar a inmigrantes
Un juzgado falla contra la tercera red descubierta en 2005
Los tribunales han condenado a la tercera red de estafa a inmigrantes durante el proceso de regularización lanzado en 2005. Al igual que en los dos casos anteriores, se llegó a un acuerdo extrajudicial que ha impuesto a una abogada y un empresario una pena para cada uno de 15 meses de prisión, obligándoles a pagar los 8.400 euros que tuvieron que abonar los extranjeros, y 2.000 euros de multa. En el caso de la letrada, se añade la inhabilitación en el ejercicio de su profesión durante medio año.
La perseverancia de la asociación de inmigrantes Harresiak Apurtuz, que impulsó las investigaciones en 2005, ha permitido la condena de tres abogados y un empresario por estafar a 60 inmigrantes al hacerles creer que les iban a regularizar su situación. Se descubrieron hasta cuatro redes: la primera dirigida por una asesora, Carla Sandra Santos, quien en 2008 fue condenada a 18 meses por obtener un enriquecimiento patrimonial ilegítimo a costa de nueve inmigrantes, a quienes pidió cantidades de entre 1.200 y 1.500 euros (un total de 7.550) por un contrato de trabajo en una empresa ficticia. La inculpada les aseguró que disponía de varios locales de hostelería en los que iban a trabajar.
La segunda red estaba dirigida por la abogada vizcaína María Carmen Formoso, quien engañó a más de 40 extranjeros, cobrándoles 38.000 euros por ofertas de empleo falsas. Fue condenada a dos años de prisión y, tras la sentencia, en apenas un año, volvió a ser detenida en otras dos ocasiones por estafas similares a extranjeros en Guipúzcoa, Burgos, Cantabria, Zaragoza y Soria.
La tercera y última (el caso de la cuarta red, que sólo afectó a un inmigrante, se archivó) implica a otra letrada vizcaína, Iratxe López, y al supuesto empresario Juan Antonio Melado. Ayer, antes de la celebración de la vista en un juzgado de Bilbao, ambos aceptaron la condena de 15 meses pactada entre la Fiscalía y la defensa. Utilizaron la sociedad Winland Servicios, que nunca tuvo actividad, para ofrecer a siete inmigrantes contratos de trabajo inexistentes. Harresiak Apurtuz se quejó ayer de que, pese a las condenas, estas redes de estafa a inmigrantes siguen funcionado y denunció la pasividad de la Inspección de Trabajo, la Subdelegación del Gobierno, la Policía y el Colegio de Abogados.
