El Congreso de Honduras vota contra la vuelta de Zelaya a la presidencia

El Congreso de Honduras votó ayer en contra de la restitución en el poder del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien sufrió un golpe de Estado el 28 de junio y lleva 74 días cercado por su propio Ejército en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Los asesores de Zelaya y del golpista Roberto Micheletti acordaron el pasado octubre en San José de Costa Rica que el Congreso hondureño sería el órgano que habría de decidir sobre el regreso de Zelaya a la presidencia hasta el 27 de enero, fecha en que terminaría su mandato frustrado.

El acuerdo lo dio por roto Zelaya el 8 de noviembre al considerar que no se respetó lo pactado. Pero Micheletti siguió adelante con el plan. Tras la celebración de las elecciones presidenciales el pasado domingo, que dieron el triunfo al opositor Porfirio Pepe Lobo, el Congreso se aprestaba ayer a votar sobre el regreso de Zelaya.

La policía acordonó el edificio de la Cámara durante el debate

La votación se decidía por la mayoría simple de los 128 diputados. Bastaban 65 congresistas para negar la devolución de la presidencia a Zelaya. Después de más de seis horas de debate, a las 19.17 (2.17 en la España peninsular), 65 congresistas habían votado en contra del retorno y sólo ocho a favor. No había opciones para el presidente derrocado. Los 62 diputados del grupo liberal, el partido de Zelaya y Micheletti, estaban divididos, y los 55 miembros del Partido Nacional, al que pertenece el presidente electo, Pepe Lobo, habían anticipado su intención de votar en contra.

Cada uno de los diputados tuvo la opción de razonar su voto. La mayoría de los que se expresaron en contra alegaron que votaban para "fortalecer la democracia", mencionaron la palabra "patria", aludieron a la "paz y tranquilidad del país" y se felicitaron por la "limpieza" y la "transparencia" de las elecciones del domingo, que Zelaya boicoteó y que gran parte de la comunidad internacional no reconoce.

Del mismo modo que el golpista Micheletti siempre esgrimió que Zelaya pretendía perpetuarse en el poder a la manera de su amigo Hugo Chávez, ayer la figura del presidente venezolano planeó durante toda la sesión. "En Honduras no aceptamos que venga un Chávez o cualquier otro tirano a darnos órdenes", alegó un diputado. Al rato, su compañero Pompeyo Bonilla indicó: "Volver atrás representaría un peligro mayor; sería aceptar el mandato de Gobierno de países que no son un ejemplo a imitar y que son liderados por un golpista frustrado convertido en un dictador democrático electorero". Otro representante afirmó: "La OEA [Organización de Estados Americanos] es un organismo manipulado por Chávez y por [el presidente de Brasil, Luiz Inácio] Lula [da Silva] y por otros que pretenden darnos lecciones de democracia cuando ellos nunca la han practicado". Y otro: "Esta tierra no es de Chávez ni de Fidel, es nuestra". Otra diputada: "Que no nos pongan una mordaza como en Venezuela".

Una diputada que se mostró a favor de la restitución cargó contra la cúpula militar y contra los propios diputados: "El pleno de la Junta de Comandantes expresó claramente las verdaderas motivaciones que los llevaron a participar en este golpe de Estado. Ellos manifestaron que habían logrado detener el avance del socialismo del siglo XXI. Y aquí lo han ratificado las personas que han hecho alusión al presidente Chávez".

El edificio de la Cámara se encontraba acordonado por la policía y frente a él permanecían concentrados unos 200 zelayistas del Frente de la Resistencia. La diputada zelayista hizo alusión a ellos: "Es fácil envalentonarse y emitir criterios aquí, cuando se está bajo el resguardo de cuatro cordones militares; sin embargo, se actúa con cobardía porque no se quiere dar la cara al pueblo hondureño ni responsabilizarse de las decisiones que se están tomando", concluyó la representante. Apenas se oyeron unos débiles aplausos apoyándole.

Previamente al inicio del debate, se analizaron los cuatro informes solicitados por el Congreso a la fiscalía, la Procuraduría General de la Nación (similar a la Abogacía del Estado), el Comisionado de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia. Todos ellos se pronunciaron en contra del regreso de Zelaya a la presidencia.