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El juez Andreu investiga la matanza de refugiados iraníes en Irak en 2009

Es la primera causa que admite la Audiencia tras limitarse la justicia universal

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella contra iraquíes que el 28 y 29 de julio de 2009 perpetraron una acción deliberada y planificada de asalto contra un grupo de unos 3.500 civiles desarmados, miembros de la resistencia iraní, que residen en Ashraf (Irak). Los hechos constituyen una clara vulneración del IV Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra.

El magistrado ha dirigido una comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Irak para que le informen de si existe algún procedimiento abierto sobre estos hechos. En caso contrario, perseguirá al presunto responsable, ya que los Convenios de Ginebra obligan a los Estados parte a perseguir esos crímenes.

Fue un asalto deliberado y planificado contra civiles desarmados

Esta es la primera querella -que ha sido presentada por el abogado Joan Garcés- por aplicación de la justicia universal que aceptan los jueces de la Audiencia Nacional, tras la reforma del 15 de octubre pasado para limitar el alcance de la ley. La limitación exige que en los hechos denunciados haya un vínculo de conexión relevante con España, como que las víctimas sean de nacionalidad española.

En este caso, sin embargo, no existe tal vínculo, pero la reforma dejaba abierta una vía, ya que incluía la apostilla: "Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España". Y el IV Convenio de Ginebra establece la obligación de los Estados de perseguir las violaciones graves para evitar la impunidad. "Cada una de las partes contratantes", dice en su artículo 146, "tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual sea su nacionalidad".

El fiscal Pedro Martínez se había opuesto a la admisión de la querella por no existir en los hechos denunciados vínculo relevante con España, ni se ha acreditado que no exista en Irak ningún procedimiento penal por los mismos hechos.

Pero el juez señala que no existe constancia de la existencia de proceso alguno sobre este asunto en Irak, por lo que en lugar de rechazar la querella, ha instado la comisión rogatoria a aquel país para que sus autoridades ratifiquen que no existe ninguna causa abierta por esos hechos.

Lo ocurrido es que el 28 y el 29 de julio de 2009 unos 2.000 soldados pertenecientes a la 9ª brigada de Badr, a las fuerzas especiales de la Brigada Scorpion de Bagdad, a los batallones 2 y 3 de la policía y a policías antidisturbios, dirigidos por Abdol Hossein Al Shemmari y equipados con blindados Humvee, palas mecánicas, armas de fuego, hachas, bastones metálicos, gases lacrimógenos y de pimienta y granadas sónicas lanzaron un ataque planificado contra los civiles desarmados residentes en el campo de Ashraf, disparando indiscriminadamente sobre personas protegidas por el IV Convenio de Ginebra.

Hubo 11 muertos, más de 450 heridos de gravedad, 36 detenciones ilegales y numerosas torturas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 1 de diciembre de 2009