Tanda de derribos de viviendas en A Guarda

La orden de desalojo de las tres primeras viviendas unifamiliares de A Guarda, para proceder a su demolición, expira hoy. A partir de aquí actuará la piqueta, sin remisión. Sólo una de las viviendas está ocupada, pero, entre las 21 licencias de construcción anuladas hace tres años, otras cinco corresponden a casas habitadas, que correrán idéntica suerte. Los afectados se reunirán hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, para pedir su mediación, aunque no creen que pueda ir más allá de un aplazamiento en la ejecución de los derribos.

Los afectados construyeron en las zonas de Loucenzas y Catanga con licencias concedidas entre 1999 y 2001. La denuncia de un particular contra los alcaldes que las concedieron llevó a un contencioso entre el Ayuntamiento y la Xunta que, después de sentencias con criterios distintos, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), resolvió en enero de 2007 anulando las 21 licencias en aras de la "protección paisajística". El litigio se desarrolló al margen de los propietarios, que de súbito se encontraron con el pastel. Después, cada cual emprendió recursos personales que tampoco clarifican ni resuelven la situación en que se hallan.

"Esto es un atropello de los políticos", protesta ahora uno de los afectados, Luciano Vázquez, que compró la casa en 2005 "con todas las garantías legales". El caso del marinero Generoso Ameal, según opinión general, es el más dramático. La suya será la primera casa habitada a derribar, obviando que en ella vive con su mujer, dos hijas y la suegra. Todos los propietarios son gente humilde que afronta hipotecas para pagar las viviendas.

Apoyo municipal

Los grupos políticos municipales han proclamado la inocencia de los vecinos y les han ofrecido apoyo y solidaridad. "Todas las autoridades competentes actuaron dentro de la legalidad", asegura el actual alcalde, José Manuel Domínguez Freitas (PSOE). "En esa medida, somos responsables, pero no culpables".

Cuando el TSXG anuló las licencias ya había seis casas construidas y ocupadas. De las 21 licencias concedidas, sólo en cinco no se había pasado de la fase de proyecto. El resto paró las obras, desarrolladas ya en un 70% en la mayoría de los casos. El valor de las casas construidas se cifra entre 360.000 y 420.000 euros. El Ayuntamiento ha tasado el valor total en 7,5 millones de euros, mientras litiga contra la Xunta para dirimir a qué Administración corresponde pagar esas indemnizaciones. El alcalde piensa que a la Xunta, por omisión, ya que dio vía libre al plan general de urbanismo que ampara el desaguisado, tuvo conocimiento de las licencias otorgadas y no alertó de posibles irregularidades hasta que se presentó la denuncia. Sólo entonces ordenó la suspensión cautelar de la ordenanza que regula el urbanismo en esas zonas de "protección paisajística".