La alcaldesa de Lasarte ve una campaña de "acoso político" en las críticas sobre cooperación

La alcaldesa de Lasarte-Oria, la socialista Ana Urchueguía, atribuyó ayer la petición de la oposición de crear una comisión para investigar su gestión de la cooperación al desarrollo municipal a una campaña "de acoso político personal" para desgastar su imagen ante las elecciones de 2011. Urchueguía eludió pronunciarse sobre si secundará la creación de la comisión, solicitada por la ilegalizada ANV, PNV, Hamaikabat y el independiente PCLO después de que el interventor del consistorio reconociera que toleró irregularidades durante varios años, entre ellas el envío de dinero a organizaciones sin personalidad jurídica, para no entorpecer la gestión municipal.

La primer edil señaló que ya hubo una auditoria del Tribunal vasco de Cuentas en 2005 que "salió extraordinaria" y recordó que, a instancias del interventor, se auditarán los ejercicios 2005 y 2008 para esclarecer si hubo defectos de forma en el hermanamiento entre Lasarte y Somoto (Nicaragua). "Hay que conocer el tema del Tercer Mundo. Hay un ejemplo claro: había dinero para 13 viviendas y en lugar de eso hicieron 12 y utilizaron el dinero sobrante para operar a una persona que se estaba quedando ciega. ¿No consultaron? Pues no, pero gestionaron bien los recursos y los optimizaron. La oposición ya no cuestiona si el dinero se destina allí a proyectos, eso ha quedado claro que es así. Cuestionan que formalmente no se ha hecho bien", declaró. Urchueguía no dudó en calificar de "muy rígida" la ley de 2003 que regula las subvenciones. Siguiéndola al pie de la letra, sostuvo, varias no podrían concederse. Tras conocer el informe del interventor, el consistorio ha decidido desarrollar un reglamento que regule las ayudas. Hasta que esté preparado, se paralizarán todas las subvenciones de 2009 pendientes, tanto a asociaciones locales como a cooperación.

El edil de EB, Ricardo Ortega, que salió del gobierno por discrepancias sobre la gestión de basuras, pidió, tras conocer las "preocupantes afirmaciones" del interventor, que se depuren responsabilidades. Planteó que, además de la comisión solicitada o como alternativa a la misma, se recurra al Tribunal vasco de Cuentas o la Oficina de Control Económico del Gobierno vasco.