El drama del aborto

El proyecto de nueva ley del aborto superó ayer la primera votación para su tramitación en el Congreso por 183 votos a favor y 162 en contra. Hasta llegar a ese importante trámite parlamentario el proyecto ha sido objeto de una formidable y a veces truculenta campaña por parte de grupos y organizaciones, entre las que destaca la jerarquía de la Iglesia católica, empeñados en ver en la nueva regulación, partiendo de posiciones ideológicas que desafían a la ciencia y al derecho, un atentado contra la vida y un mecanismo de inducción al asesinato.

Desde esos criterios es imposible contemplar la nueva legislación como lo que es: un intento de acotar con parámetros jurídicos, médicos y sanitarios más precisos y seguros que los de la vigente ley de 1985 la dramática realidad social del aborto: 112.000 abortos en el año 2007 en España. De ahí que la nueva ley se preocupe de poner a disposición de la mujer información y asesoramiento que le ayuden a prevenir embarazos no deseados, al tiempo que ampara su libre decisión de interrumpirlos, a salvo de injerencias externas y de riesgos jurídicos, en un plazo determinado y en supuestos muy concretos si, por las razones que a ella sólo competen, no ha podido evitarlos. Ésa es la tarea del gobernante democrático: afrontar el drama personal del aborto desde opciones de política legislativa que eviten agravarlo por las condiciones en que se realiza; y no, por tanto, desde posicionamientos ideológicos que se desentienden de la suerte de las mujeres. Si las fuerzas políticas abordaran la regulación del aborto con esos criterios el consenso que ayer reclamó la ministra Bibiana Aído sería más fácil de alcanzar.

Ha hecho bien la titular de Igualdad en no cerrar la puerta a un acuerdo parlamentario más amplio sobre la consulta a sus padres de las menores de 16 y 17 años que decidan abortar, que se ha convertido en el aspecto más polémico del proyecto, aunque no sea el sustancial. Que la mujer menor de edad decida sobre su embarazo no es incompatible con que la ley propicie la colaboración de los padres para tomar la decisión. Pero siempre que se garantice que esa posibilidad no es una forma de suplantar su voluntad mediante la coacción. Habría riesgo de volver a la situación que la norma intenta evitar: abocar a algunas jóvenes al aborto clandestino por la conflictiva relación que mantienen con sus padres.