Vuelve el Estado macho

Acaba de llegar a las librerías, con el sello de RBA, la recopilación de discursos y artículos de Pasqual Maragall titulada Espíritu federal. Escritos políticos, donde el ex alcalde de Barcelona y ex presidente de la Generalitat desarrolla sus conocidas tesis acerca de la constitución territorial de España y de la estructura jurídica que debería reflejarla: una España pluriidentitaria en la igualdad, un marco constitucional capaz de evolucionar hacia el federalismo sin ambages y, dentro de él, "el reconocimiento de la nación catalana por parte del Estado español"; aquel reconocimiento que, en uno de sus últimos discursos presidenciales, el 15 de septiembre de 2006, Maragall daba por hecho y "bien sellado" gracias al nuevo Estatuto.

Muchos creen que ha de volver el Estado justiciero capaz de tener en un puño a los ayuntamientos frágiles frente a la corrupción

Simultáneamente a la aparición del libro, y como si la realidad quisiera ensañarse en subrayar el fracaso de los nobles propósitos maragallianos, se acumulan sobre la escena política española los síntomas de alergia hacia cualquier veleidad federalista; más aún, los indicios de que vuelve por sus fueros no ya el nacional-españolismo derechista tradicional -ése no necesita regresar, porque nunca se marchó-, sino la creencia seudoprogresista de que sólo un poder central fuerte e incuestionado, sólo un férreo uniformismo normativo y competencial garantizan la libertad y la igualdad de los españoles, la eficacia y la honradez de la Administración pública. En suma: arrumbadas las vaguedades zapateriles de la "España plural", está de moda otra vez el jacobinismo.

Al afirmarlo, no pienso sólo ni principalmente en las filtraciones sobre la sentencia del Estatuto, aunque también. ¿Cómo pueden ser inconstitucionales ciertas afirmaciones -que Cataluña es una nación, que posee instituciones y símbolos nacionales...- asumidas desde hace cien años por el mainstream social y político catalán? ¿Qué es entonces la Carta Magna de 1978? ¿Un marco flexible al servicio de la convivencia o un fetiche, un ídolo cruel al que es preciso sacrificar la realidad e incluso esa misma convivencia?

Pero la ofensiva neojacobina aparece más clara en muchos otros planos.

Estalla el caso Pretoria y acto seguido hay quien afirma que, de no ser por la benemérita Audiencia Nacional, el escándalo jamás se habría destapado, porque sólo los jueces con jurisdicción estatal son eficaces y expeditivos. Aflora el vidrioso asunto de las recalificaciones de terrenos en diversos municipios, y el ex ministro socialista -y valenciano- Jordi Sevilla dice que, para evitar la corrupción, habría que devolver a la Administración central las competencias sobre urbanismo, porque ayuntamientos y comunidades son demasiado vulnerables a presiones y sobornos. Pocos días antes, el secretario general de Comisiones Obreras de España, Ignacio Fernández Toxo, había sugerido exactamente lo mismo con el mismo argumento...

El pasado fin de semana tuvo lugar en Madrid el primer congreso de Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que plasma y refleja como nadie esa rampante pulsión jacobina, esa mezcla de izquierdismo presunto y unitarismo probado. ¿Y cuáles son los puntos fuertes de su programa? Pues arrebatar a las comunidades autónomas las competencias sobre educación para devolvérselas al poder central, suprimir de la Constitución el concepto "nacionalidades", eliminar el respeto y la protección a las lenguas distintas del castellano -eso es "retrógrado", afirman los de Rosa Díez- así como cualquier referencia a derechos colectivos. Con tales ideas, la intención de voto a UPyD se mueve al alza.

A juicio, pues, de un número creciente de españoles, debe volver el Estado en posesión de todos sus atributos (viriles), el Estado justiciero y redentor, el Estado macho capaz de poner coto a esas veleidosas autonomías donde se incrustan el localismo y la reacción, de tener en un puño a esos ayuntamientos frágiles frente a la corrupción y el caciquismo.

Decididamente, no son los mejores tiempos para el espíritu federal.