Abel Caballero advierte que Vigo no cederá a la Xunta su cuota de poder en Caixanova

El reparto de los consejeros generales en las asambleas de las cajas puede abrir una guerra con los ayuntamientos si, como pretenden los grupos representados en el Parlamento, la nueva ley que ayer comenzó a gestarse modifica el equilibrio actual.

Lo advirtió el alcalde de Vigo, Abel Caballero: aunque sea su propio partido el que vote la modificación de la norma, él defenderá que la ciudad tenga "la misma presencia que ahora", en el máximo órgano de decisión de Caixanova. "No vamos a dejar que el lugar que ocupa Vigo lo ocupe cualquier otra institución", quiso zanjar el alcalde, que presumió de que la corporación municipal nombra tradicionalmente a personas "de altísima cualificación sin sesgo político", para que ocupen los sillones en la asamblea de la caja.

En su caso, la representación municipal podría estar asegurada porque la ciudad designa consejeros en su calidad de entidad fundadora, junto con las diputaciones de Pontevedra y Ourense, y no forma parte del grupo de "corporaciones locales", donde podría haber cambios. El gobierno de la caja se lo reparten esos dos grupos (cada uno con el 25% de la representación), junto con los impositores (clientes), que nombran al 40% y los empleados, el 10% restante.

Son 160 consejeros los que están en juego. Algunos de ellos pueden ser nombrados por organizaciones tan variopintas como la Casa de la Caridad, la Cruz Roja, la Sociedad Filarmónica, el Colegio de Médicos, la Escuela Familiar Agraria de Tortoreos, la Fundación Penzol, el Laboratorio Oceanográfico o el Centro Regional de Investigaciones Forestales.

La designación de la asamblea de Caixa Galicia parte de grupos similares: el 25% de los sillones los ocupan cargos nombrados por los ayuntamientos, otro 25% corresponde a entidades "de reconocido prestigio", que realicen actividades de interés social. Aquí entran desde el Real Coro Toxos e Frores de Ferrol hasta la Asociación de Ayuda en Carretera, la Coral Polifónica de Betanzos (por la que ocupa un puesto la diputada Mar Barcón), la Asociación Benéfica de Artesanos de Santiago, el Casino de A Coruña o la agrupación cultural Cantigas e Agarimos. Eso por citar a algunas de las 34 que tienen poder para hacer nombramientos. Igual que en el caso de la caja del Sur, el grupo más representado es el de los impositores (copa el 40% de la asamblea). Los empleados tienen el 10%.

La modificación de la ley de cajas iba en los programas electorales de los tres partidos representados en la Xunta. Con ella, los diputados aspiran a ejercer un mayor control sobre los consejos de administración. El PP lo traduce en "reforzar las labores de protectorado", para que, en el futuro, las decisiones estratégicas tengan muy en cuenta lo que opina la Xunta.